Susana Díaz paraliza la adjudicación de la mina de Aznalcóllar al apreciar la juez graves irregularidades

Primera sombra de sospecha que recae directamente sobre una decisión administrativa adoptada por el Gobierno de Susana Díaz. Y además en plena campaña electoral. La presidenta en funciones ha anunciado este miércoles que la administración andaluza paralizará la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) tras conocerse el auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de la explotación a Magtel y que señala que en el procedimiento no se observa "el más mínimo rigor". La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha pedido incluso a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, "como responsable de las decisiones adoptadas" en el proceso de adjudicación. En determinados ámbitos de la Administración autonómica ha causado sorpresa el auto de la juez, aunque extreman la prudencia antes de hacer cualquier valoración. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta ha precisado que ha decidido la suspensión "temporal" de la adjudicación por "prudencia" y ha defendido la "total limpieza" del concurso internacional y de las actuaciones y el "inmenso esfuerzo" de los funcionarios y los miembros de la mesa, por los que pone "la mano en el fuego". Así lo han expresado en rueda de prensa tanto la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, como el secretario general de Innovación, Vicente Fernández, que se han mostrado convencidos de que se archivará finalmente la denuncia penal presentada por la empresa que no logró el concurso. Ni Asensio ni Fernández han acudido todavía a declarar ante la juez, aunque sí han precisado que han comenzado a declarar algunos funcionarios. LOS PARTIDOS EXIGEN EXPLICACIONES Los partidos de la oposición han exigido explicaciones con urgencia. El PP se ha apresurado a suspender el encuentro que hoy iba a tener con socialistas para hablar de la investidura de Susana Díaz, prevista para mañana jueves aunque con muy pocas posibilidades de salir adelante. Y el coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha considera do que la decisión se adoptó cuando su grupo ya no estaba en el Gobierno, lo cual demostrarÍa una vez más que al PSOE "no se le puede dejar solo". Por su parte, Podemos Andalucía considera que "mientras los directores generales y otros altos cargos sigan siendo nombrados a dedo por su lealtad política y personal, en lugar de por sus méritos profesionales e independencia, seguirá proyectándose una sombra de opacidad, corrupción e incompetencia sobre la Administración Andalucía, como vuelve a ocurrir con la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar". Para Podemos, "Andalucía no puede permitirse una administración bajo sospecha permanente que es un insulto a miles de empleados públicos decentes que se dejan la piel". En un auto fechado el pasado día 7 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco pone de manifiesto que, de la información recabada hasta la fecha y del atestado elaborado por la UDEF, "se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante", como es la empresa Emérita Resources España SLU --finalista en el concurso minero--. UN DICTAMEN PROVISIONAL PERO DURÍSIMO Al hilo de ello, la magistrada instructora asevera que "no se aprecia" que la entidad Minorbis-Grupo México "cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación", tal y como adelanta en su edición de este miércoles el rotativo 'El Mundo'. La juez dice que en el Decreto-Ley 9/2013, de 17 de diciembre, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, "se adoptan dos medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a garantizar que la explotación del complejo minero de Aznalcóllar se lleve a cabo por la empresa minera que ofrezca las mejores condiciones científicas, técnicas, de seguridad y ambientales, y las mayores ventajas económicas y sociales". "A cada una de las medidas se dedica un Título", pone de manifiesto la juez, que asevera que, frente a ello, "no se observa, en cambio, el más mínimo rigor en la actuación de la administración", y ello "pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido ecológico en el año 1998". La juez dice que también "debe aclararse la posible vulneración" del artículo 45 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que prevé la suspensión del expediente de tramitación una vez interpuesto el recurso en materia de contratación. Por todo lo anterior, la instructora considera "imprescindible" la toma de declaración de "las personas responsables de que Minorbis no fuese excluida en la fase inicial" pese a "no cumplir la exigencia de aportar informe expedido por la Oficina Consular de España en Méjico, respecto de la capacidad de obrar del Grupo México". EXCLUSIÓN EN LA FASE INICIAL La juez asevera que, igualmente, Minorbis no fue excluida en la fase inicial pese a "no detallar tampoco el compromiso inversor de las partes asociadas", punto en el que considera "cuanto menos cuestionable y llamativa" la naturaleza del acuerdo alcanzado entre Minorbis y Grupo México", como es una "declaración conjunta de compromiso" que, a juicio de la instructora, "no parece exceder de una declaración de buenas intenciones". Asimismo, la magistrada dice que, respecto al contenido de la propuesta efectiva y atendiendo al propio tenor de la Resolución de 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se convoca concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar en la provincia de Sevilla, "era también imprescindible cumplir" una serie de requisitos que Minorbis-Grupo México no habría cumplido. De este modo, y pese a que se exige un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe mínimo de 1.500.000 euros, el suscrito por Minorbis "es sólo una póliza de responsabilidad civil general", a lo que se suma el "incumplimiento de la obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil o declaración del volumen global de negocios". MAQUINARIA EN AMÉRICA Además, asevera que Minorbis habría "suplido" el deber de acreditar el capital social suscrito con "simples capturas de pantalla de las web de grupo México y referencias genéricas", mientras que el equipo técnico mínimo fue puntuado con la nota máxima de diez por la comisión técnica "pese a las evidentes carencias que presenta, con múltiples documentos no convalidados siquiera y evidentes deficiencias cuantitativas y cualitativas". Asimismo, y en el apartado de maquinarias, material y equipo técnico, "no se observan tampoco cumplidas las exigencias", mientras que "la maquinaria citada se encuentra además en América", a lo que se suma, en relación al plan de investigación, que "pese a que el terreno objeto de concurso se compone de 72 cuadrículas mineras, en el informe de la comisión técnica el cálculo respecto de Minorbis se hace respecto de 53 cuadrículas en lugar de 72, alterando de esta forma las valoraciones obtenidas". La juez, que afirma que además "no se determina el tipo de perforación de sondeos que se van a realizar pese a la relevancia de este aspecto", llama la atención sobre las "incongruencias" en la valoración del proyecto de explotación y la "disparidad" de las propuestas de inversión entre Emeritas y Minorbis. COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS Por todo ello, la juez solicita al Grupo X de Medios de Pago de la UDEF que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas "como responsable de las decisiones adoptadas en el proceso de adjudicación objeto de denuncia, desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas". También pide que se identifique para recibirles declaración testifical a las personas que asistieron a la reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la sede de las oficinas de la denunciante y en la que se recibió la visita del presidente de Magtel, Mario López Magdaleno. Según denunció Emerita, López Magdaleno les propuso asociarse porque el concurso estaba adjudicado de antemano y no tenían posibilidades. En el auto, la juez recuerda que esta causa se abrió el 2 de marzo de 2015 por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, todo ello después de que Emerita denunciara diversas irregularidades durante la tramitación del expediente y la adjudicación de la explotación a Minorbis, alegando que ésta "es en realidad una filial de la entidad Magtel y carece de los presupuestos mínimos necesarios para haber obtenido dicha adjudicación". LA JUNTA SE DEFIENDE