El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Córdoba correspondiente al mes de mayo no contó con los debates de las mociones -normalmente los momentos más intensos de la sesión- pero sí tuvo algo de polémica a cuenta de la ratificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que afecta al plan de la Carretera de Palma. Y es que, según informa El Día de Córdoba, el concejal y líder de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, no se ausentó durante la votación de los puntos 3 y 4 del Pleno -los relativos a los fallos judiciales- como hubiera sido lo procedente dado el interés personal que tiene en el asunto, pues la sentencia afecta a las naves que construyó sin licencia en esta zona. Es más, Gómez cambió el sentido del voto de su grupo, que había apuntado a la abstención, y se posicionó en contra. No obstante, los dos asuntos salieron adelante con los votos a favor del resto de grupos políticos: PP, IU y PSOE.

No fue bien vista por concejales díscolos de UCOR
La presencia de Gómez durante la votación de las sentencias del TSJA -que anulan los artículos 14 y 20 del plan de la Carretera de Palma, los que afectan directamente a las naves-, no fue bien recibida por los concejales díscolos de UCOR, Carlos Baquerín y María José López de la Bastida. Baquerín, en concreto, quiso hacer constar al final del Pleno que "podemos estar incurriendo en una ilegalidad" pero su queja no pudo ser escuchada porque había terminado la sesión. El presidente del Pleno, Luis Martín, le animó a presentar un escrito sobre las cuestiones que consideró irregularidades durante la sesión plenaria.

Gómez debería haberse ausentado
Baquerín argumentó posteriormente en un documento dirigido al secretario del Pleno que "en ningún caso" es su intención votar en contra de ese punto y pidió que "se estudien las responsabilidades civiles y en su caso penales" de los concejales que se manifestaron a favor "nada menos que en contra de la ratificación de una decisión judicial firme" del TSJA. El presidente del Pleno, no obstante, apuntó que es el propio Gómez quien, como parte interesada, debería haberse ausentado de manera voluntaria de la sesión. En cuanto al voto, Martín explicó que la postura de Gómez no impugna el acuerdo puesto que no ha sido determinante para su aprobación.