Representantes de siete familias de ancianos fallecidos durante la pandemia del coronavirus prestarán declaración esta semana en los juzgados. Concretamente, lo harán en el órgano judicial que investiga el fallecimiento de varias personas en los centros de mayores Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez de la capital. Por él han pasado ya para declarar antiguos cargos de la Comunidad de Madrid, personal sanitario y las directoras de las dos residencias.
La base de la declaración son los conocidos como “protocolos de la vergüenza” a partir de los cuales miles de mayores fallecieron en estos lugares sin recibir asistencia sanitaria: 7.291 es la cifra concreta de las personas que murieron sin ser derivadas a hospitales y que, según aseguran los expertos, muchas de ellas se podrían haber salvado.
El órgano jurídico al que hacen alusión los últimos hechos -por el que estos familiares pasarán a declarar- es el juzgado de instrucción número 4 de la Plaza de Castilla de Madrid, uno de los que investiga no solo la puesta en marcha de los protocolos, sino también su aplicación concreta en varias residencias de Madrid. Precisamente, una de ellas es la Adolfo Suárez, centro de mayores público que se encuentra en San Blas, y la otra es Amavir Arganzuela, en tu caso un centro privado con plazas concertadas. En la primera, la denuncia de los familiares data en 85 los fallecidos.
"Víctimas indirectas" de la gestión de Ayuso
Será el próximo jueves cuando estas personas acudirán al tribunal para declarar. Una declaración que llega después de más de un año que la Fiscalía pidió a los delegados territoriales que obtuvieran “información de mayor calidad” sobre lo ocurrido en estos centros de mayores durante la pandemia, respaldándose especialmente en una diligencia que consideran vital: la de escuchar a los familiares de los fallecidos, que son considerados “víctimas indirectas” por el Ministerio Público.
Entre las personas que han pasado por el juzgado desde el más del año que lleva abierta la causa se encuentra el que fuera Consejero de Políticas Sociales en el gobierno madrileño que lideró el PP de Ayuso y compartió con Ciudadanos, Alberto Reyero, el cual ha sido muy crítico con la gestión que hizo el Ejecutivo madrileño con los centros de mayores, también en declaraciones a ElPlural.com. El otro dirigente que prestará declaración y formase también parte de aquel gobierno es Carlos Mur, en su caso director general de coordinación sociosanitaria en la administración regional madrileña en 2020, peor año del Covid.
Los dos han prestado su declaración, muy crítica con la gestión de Sol, en varias ocasiones a lo largo del último año en juzgados que investigan por lo penal si la implantación y aplicación de estos protocolos pudo o no resultar delictiva. Así, Reyero ha dicho en varias ocasiones que avisó a la Comunidad de Madrid de que lo que estaba llevando a cabo no iba a ser para nada fructífero, ni siquiera ético. Mientras tanto, Mur ha detallado por qué se crearon los conocidos como protocolos de la vergüenza, y es básicamente, siempre según su versión, para que los sanitarios y responsables de las residencias de mayores dispusieran de un criterio al que aferrarse dentro de ese convulso escenario.
De obligado cumplimiento
Sin embargo, la versión de directores, geriatras de referencia, personal sanitario y otras personas que aplicaron de forma directa los protocolos en casos concretos, es categóricamente distinta. Sobre ello, estas otras personas acentúan que los protocolos se aplicaron y fueron recibidos como una cuestión de obligado cumplimiento procedente de la autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, y mientras cuatro años después la causa sigue abierta y se mantiene como una de las cuestiones que más pesan sobre la gestión de Ayuso, la Fiscalía llegó a contabilizar más de un centenar de diligencias de investigación y causas penales en todo el país, con diferentes juzgados de la Comunidad acaparando la mayoría de ellas. El resultado para ellas ha sido bien distinto; y es que mientras que muchas de estas acabaron en el archivo y otros pleitos impulsados por la vía contencioso-administrativa han rechazado reclamaciones de indemnización por parte de familiares, en otros casos la Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de diligencias con el objetivo de analizar la situación de la región y sus dirigentes.
El caso de las residencia de mayores de la Comunidad de Madrid ha llegado incluso a la Audiencia Nacional, tal y como pudo saber este periódico.
