Frenado desde Presidencia
Dicho realojo ha sido frenado desde la Presidencia, por cuanto hay “más de 10.000 personas esperando viviendas en estos momentos en Sevilla y que ya tienen unos derechos contraídos”. Han agregado que otras personas no se pueden “saltar esa lista de manera indiscriminada”. En este sentido, la intención es que las familias de la Corrala sean derivadas a los servicios sociales para analizar su situación y articular las medidas más oportunas para darles una solución.
“El sentido común lleva a que las cosas se hagan bien”
“El sentido común lleva a que las cosas se hagan bien”, según ha expresado las mismas fuentes, que han negado que esto haya generado una “crisis” entre los dos socios del Gobierno andaluz. Estaba previsto que desde la Consejería de Fomento y Vivienda se ofreciera una rueda de prensa para informar sobre los realojos, si bien finalmente ha sido suspendida.
Pagará casas en alquiler
Este departamento cuenta con seis viviendas públicas disponibles actualmente para alojar a las familias afectadas y para ubicar al resto pagará casas en alquiler hasta que se vayan quedando libres algunas de las más de 8.000 viviendas públicas con las que cuenta en Sevilla.
La Junta facilitará viviendas
En cualquier caso, se trata de una solución temporal porque la Junta se ha comprometido con estas familias a facilitarles una vivienda de protección oficial en un edifico que está construyendo en Sevilla y que se prevé esté concluido este otoño. Por el momento no se sabe si las familias serán realojadas a lo lo largo del día hasta que la Consejería de Fomento y Vivienda no les concrete más detalles tras el anuncio de que serán realojados.
El viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, ha anulado de forma repentina, por motivos personales, una convocatoria de prensa en la plaza Nueva, donde están acampados los vecinos de la Corrala Utopía.
El Ayuntamiento rechaza contribuir a una solución transitoria
El realojo, cuyos términos no se habían concretado y que aún se siguen aclarando, se ejecutaba por la “elusión flagrante” de sus responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que está “igualmente concernido por el mandato judicial y que es titular de 528 viviendas deshabitadas y sin contrato de compraventa o arrendamiento, pese a lo cual ha rechazado contribuir a una solución transitoria para las familias”, según indicaba esta mañana Fomento y Vivienda.
