Todo empezó con Manuel Chaves en la segunda mitad de los 90, con el Partido Popular gobernando por primera vez en España y el Partido Socialista conmocionado por la pérdida del poder tras 14 años de mayorías electorales. Lo que empezó entonces y está teniendo ahora su continuidad fue la utilización sin complejos de la Junta de Andalucía como herramienta de oposición al Gobierno.

Desde su constitución en enero del año pasado, la Junta de Andalucía dirigida ahora por el PP y Ciudadanos viene calcando –también sin complejos– aquella estrategia que se denominó ‘de confrontación’, aunque tal vez sería más exacto denominarla ‘de sobreactuación’.

Sobreactuación es, de hecho, lo que hubo en no pocas de las batallas de Chaves contra Aznar y lo que está habiendo, por ejemplo, en la que viene librando el Gobierno autonómico contra la ministra María Jesús Montero a cuenta de la supuesta ‘intervención’ de las cuentas andaluzas, negada por el propio consejero de Economía de la Junta.

Todos contra Sánchez

Vista la desmesurada reacción del Gobierno andaluz a la investidura de Pedro Sánchez con los votos de Unidas Podemos y la abstención de los independentistas catalanes, se diría que la ‘batalla de la intervención’ habría sido un mero prolegómeno de la ‘guerra total’ que se avecina.

Así lo atestiguan las desmesuradas reacciones a la investidura difundidas ayer por el vicepresidente Juan Marín, el consejero de Presidencia Elías Bendodo, el portavoz de Vox Alejandro Hernández o la número dos del PP Loles López.

El más rudo fue el portavoz parlamentario del partido ultra, sostén parlamentario del Gobierno de coalición de PP y Cs. Así se expresaba en Twitter Alejandro Hernández:

“Haremos una total y frontal oposición a este régimen nacido del terrorismo de ETA y del golpismo catalán que quiere destruir España. Actuaremos con la Ley en la mano para frenar al Gobierno socialcomunista y defender las libertades de los españoles”.

'Nos asfixian'

En tono menos épico pero igualmente inflado se expresaba el vicepresidente Juan Marín (Cs), para quien el nuevo Gobierno de España, “dependiente del independentismo y del radicalismo de extrema izquierda, pretende instaurar la desigualdad entre españoles, con comunidades de primera y de segunda, y donde a Andalucía le va a tocar la peor parte". Cree, además, el vicepresidente que el propósito de Sánchez es “asfixiar a Andalucía”.

Y lo mismo opinaba la número dos del PP andaluz, Loles López: “Han decidido que haya españoles de primera y españoles de segunda, lo que ratifica el derrumbe de este país”.

No les fue a la zaga el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, que anunció que Andalucía se convertiría en “el gran bastión de la defensa a ultranza de la unidad de España”.

Las pensiones de Chaves

Regresando a los 90, en realidad Manuel Chaves no inventaba nada entonces: más bien imitaba a sus homólogos de Cataluña y el País Vasco, a quienes la estrategia de envolverse en la ikurriña y la señera había dado excelentes réditos políticos y presupuestarios.

La novedad en el caso de Chaves es que, por primera vez, la estrategia de enfrentamiento institucional con Madrid se impulsaba desde un territorio no precisamente nacionalista, sino más bien todo lo contrario. La víctima colateral, por cierto, de aquel provechoso andalucismo practicado por los socialistas acabaría siendo precisamente el partido Andalucista. 

El primer gran ataque lanzado desde Andalucía contra el Gobierno de Aznar vino de la mano de las pensiones no contributivas, que Chaves decidió subir en 1998 muy por encima de lo estipulado en el pacto de Toledo, lo que a su vez fue replicado por el entonces ministro de Trabajo Manuel Pimentel planteando un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Argumentaba Pimentel que el régimen económico las pensiones era competencia exclusiva del Gobierno de España; replicaba la Junta que las pensiones no contributivas se encuadraban en las políticas de asistencia social y, por tanto, competían al Gobierno autonómico. Finalmente, el TC daría la razón a Andalucía, aunque nadie desconocía que Chaves nunca habría librado tal batalla si el inquilino de la Moncloa hubiera seguido siendo Felipe González.

Una guerra preventiva

Los tres socios de la mayoría conservadora andaluza parecen haber convenido que este Gobierno es un arma de destrucción masiva de España y, por tanto, es preciso detenerlo como sea.

Las declaraciones de sus portavoces cabe interpretarlas, en sentido figurado, como el pórtico a una cierta ‘guerra preventiva’, concepto acuñado por la teoría política para definir “aquella acción armada que se emprende con el objetivo (real o pretextado) de repeler una ofensiva o una invasión que se percibe como inminente, o bien para ganar una ventaja estratégica en un conflicto inminente”.

Se complementa esa definición inicial con estas otras consideraciones: “Aunque se suele presentar como forma de autodefensa, la legitimidad de la guerra preventiva es objeto de intensa disputa, sobre todo por la dificultad de ponerse de acuerdo acerca de si la amenaza es real y, caso de serlo, de si se trata de un peligro inminente que justifique el ataque, o bien se utiliza como pretexto para atacar primero”.