Debo suponer que los dirigentes políticos no se dan cuenta de las dificultades que tenemos los docentes que estamos obligados a explicar cuestiones relacionadas con la vida política para convencer a los jóvenes de la necesidad de no mirar hacia ese mundo con desconfianza, para hacerles ver la eficacia de un sistema democrático de cara a la garantía de la igualdad y para explicarles que no todo cuanto se relaciona con ese mundo es corrupción, sino que en su mayoría es todo lo contrario, y que no hay nada más honesto que participar de forma activa en la vida pública, puesto que al fin y al cabo la política, en su acepción etimológica, no es sino lo que interesa a la “polis”, al conjunto de la sociedad.

Muchas veces son actuaciones y comportamientos que parecen negar esos asertos los que obligan a intentar explicar lo inexplicable y en otros casos debemos luchar contra la inercia social que culpa con demasiada alegría a los políticos. Pero también hay noticias que pasan desapercibidas y que sin embargo no ayudan a que podamos confiar en el carácter abierto de los partidos, a que de verdad los veamos como organizaciones democráticas preocupadas por el interés general, y no por el particular de algunos de sus militantes.

Este es el caso de una de las próximas decisiones que adoptará el Parlamento Andaluz cuando elija a los nueve senadores que representan a nuestra Comunidad en cumplimiento de lo establecido en el art. 69.5 de la Constitución. Me explico. En el primer Estatuto de Autonomía, de 1981, el art. 30.12 establecía que el mandato de esos senadores estaba “vinculado a su condición de Diputados del Parlamento Andaluz”. Pero eso se modificó en el aprobado en 2007, de modo que el art. 106.17 indica: “La designación podrá recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz”. Así pues, ya no es un requisito ser parlamentario andaluz, y al mismo tiempo se abría la puerta a que nuestros representantes recurrieran a personas procedentes de diferentes ámbitos y que a su juicio podían aportar algo nuevo a esa vida tan desconocida e incomprensible para muchos que es la del Senado.

Pero no ha sido así. El PP propondrá a Javier Arenas, Antonio Sanz, Catalina García y Rosario Soto, tres de ellos son diputados y la cuarta es un cargo orgánico, en concreto portavoz de su partido en Andalucía. El PSOE presentará a Fuensanta Coves, Francisco Álvarez de la Chica, Antonia Moro y Juan Espadas, también tres parlamentarios y el cuarto es portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla. Y en cuanto a IU, lo hará con José Manuel Mariscal, también cargo orgánico del PCA.

Ante esos nombres cabría hacerse muchas preguntas, entre otras, para qué necesita Arenas ocupar un escaño en el Senado, otra si las funciones que cumple cada uno de ellos en su escaño, o en su cargo, no es trabajo (en términos cuantitativos) más que suficiente para un representante público, y la última si en los respectivos partidos no hay otras personas cualificadas para desempeñar esa actividad parlamentaria, o vamos a tener que pensar en términos futbolísticos y considerar que les falta banquillo (suplentes) para ocupar los cargos, y tienen que recurrir a que uno se encargue de dos trabajos.

Y por último, ya que quienes elegirán a los senadores son nuestros representantes en el Parlamento Andaluz, convendría que no olvidaran que su escaño se lo deben a los ciudadanos que los han votado, no solo a su partido y a sus siglas, y que en consecuencia harían bien en mirar más allá de los límites estrechos y cerrados de su formación política. La sociedad, incluso la que no está indignada, se lo agradecería.