Las declaraciones que están haciendo como testigos distintos funcionarios que han desempeñado o desempeñan todavía responsabilidades en la estructura de Intervención de la Junta de Andalucía están arrojando mucha luz sobre las deficiencias del sistema de concesión de ayudas, pero no la suficiente para sostener que hubo prevaricación en el comportamiento de la mayor parte de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de la Audiencia de Sevilla desde hace siete meses.
Una impresión bastante extendida es que si el tribunal compartiera el diagnóstico que han venido expresando los funcionarios de la Intervención, no condenaría a la mayoría de procesados aunque sí los reprendería con bastante severidad.
Presupuestar no es gastar
De los testimonios que vienen prestando interventores y exinterventores –hoy ha seguido haciéndolo Ignacio García Revilla– no se desprende un criterio unánime de todos ellos en todas las cuestiones sobre las que son interrogados, pero sí al menos en tres de ellas: que a quienes presupuestaban el fondo 31L no se les puede responsabilizar de lo que hacían quienes otorgaban las ayudas y ordenaban su pago a través de IFA/IDEA; que las responsabilidades de peso que pudieran existir estarían en la Consejería de Empleo; y que la Intervención nunca sospechó que las irregularidades del procedimiento o incluso la ausencia de este pudieran propiciar u ocultar el menoscabo de fondos públicos, y mucho menos que el sistema de ayudas como tal fuera una herramienta diseñada para malversar.
Parar el sistema
También hay bastante consenso entre los técnicos en que el Gobierno andaluz, y muy en particular la Consejería de Empleo, debería haber mostrado más diligencia en atender las recomendaciones de la Intervención. Así lo recalcaba ayer el interventor adjunto al interventor general García Revilla, según el cual el entonces consejero de Hacienda y luego presidente José Antonio Griñán debió parar el sistema de ayudas a la vista de los informes críticos sobre su funcionamiento, aunque también puntualizó el testigo que Griñán no tenía obligación legal alguna de hacerlo.
En la sesión de este miércoles, García Revilla ha recordado que la Intervención hizo llegar en 2005 a la Consejería de Empleo el informe adicional al informe de cumplimiento de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA sobre el ejercicio de 2003, en el que se recogía que se estaban dando subvenciones "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Se estaba advirtiendo a Empleo de “un fraude de ley”, ha remachado Revilla, pero la consejería no hizo nada al respecto.
Procedimiento sumergido
La defensa de Griñán sostiene, como se sabe, que el entonces titular de Hacienda no tenía por qué parar el sistema ya que la Intervención no emitió un informe de actuación, preceptivo cuando se aprecian indicios de menoscabo de fondos públicos.
A su vez, la Intervención ha defendido que le era imposible detectar dicho menoscabo por los motivos que han alegado varios interventores y en los que también incidió ayer García Revilla, quien calificó el procedimiento usado para dar y pagar las ayudas de "sumergido" y de estar "fuera de los circuitos administrativos", de manera que "sin lugar a dudas hubo una carencia de control" porque Empleo daba subvenciones sin fiscalización previa, dado que no las pagaba la propia consejería sino que lo hacía IFA/IDEA, donde el control era a posteriori.
Un cierto atajo
De esta y otras declaraciones podría deducirse que el sistema arbitrado por la Junta en 2001 venía a ser una especie de atajo que, sin conciencia por quienes lo pusieron en marcha de estar cometiendo ilegalidad alguna, simplificaba el engorroso proceso de la fiscalización previa propia de las subvenciones convencionales.
Lo que a todo el mundo debió parecerle entonces una gran idea –la Junta podía seguir ayudando a trabajadores de empresas en crisis sin el incordio de eternizarse en los trámites– consolidó una práctica cuya vocación inicial de eficacia y solidaridad acabaría a la postre propiciando la arbitrariedad y el clientelismo (como mínimo en la Dirección General de Empleo, pero difícilmente solo en ella).
Peritos y peritos
Más discrepancias se aprecian entre los técnicos de la Intervención en cuestiones igualmente relevantes para el proceso, como la utilización de las transferencias de financiación para pagar las ayudas. Algunos las consideran ilegales, otros las ven inadecuadas e impropias y otros más no otorgan particular relevancia al modo en que se utilizaban.
En general, no hay en los testigos coincidencia con el tajante dictamen condenatorio de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), cuyas conclusiones fueron determinantes para sentar en el banquillo a muchos de los procesados.
Desde luego, si algunos de los interventores que están declarando como testigos en el juicio hubieran elaborado el informe pericial encargado por la juez Alaya, el banquillo de los ERE estaría mucho menos poblado.
Prevaricar y lo otro
Ciertamente, la disparidad de criterios jurídicos sobre esa supuesta ‘arma de corrupción masiva’ que habrían sido las transferencias de financiación resta verosimilitud a la acusación de prevaricación.
Por lo demás, si de las irregularidades o de la inadecuación del procedimiento no podía deducirse necesariamente el menoscabo de fondos, quienes no gestionaron los fondos difícilmente podrían ser acusados de malversación.
A un acusado como Griñán, por ejemplo, no es probable que se le pudiera condenar por malversación sin demostrar previamente que prevaricó, un delito que exige haber tomado decisiones deliberada y flagrantemente contrarias a la ley. La testifical de los interventores no apuntala precisamente la hipótesis de la prevaricación.
