Los recortes en plantillas y la falta de actualización en los servicios públicos producen y generan sobreesfuerzos, precariedad en las labores asistenciales y déficitsen la gestión. Eso es así y más que comprobable. Esta falta de personal en determinados servicios públicos andaluces, también ha llegado a los más vulnerables por edad, los mayores. Que sean nuestros abuelos y abuelas quienes sufran la falta de personal en sus propios centros, es algo que no debe ser ni permitido ni tolerado. Una norma publicada en mayo de la Junta de Andalucía, avisa de algo que puede ocurrir y, que sería muy grave. En concreto, el Proyecto de Orden de 23 de mayo de 2023 plantea suplantar el personal laboral público por usuarios en la gestión de algunos espacios o servicios de los centros de participación activa de personas mayores.

Lo desvela un diputado socialista

Eso es lo que han desvelado los socialistas andaluces a través de su portavoz en Inclusión Social, José Luis Ruiz Espejo. El diputado malagueño ha señalado que esta decisión de la Consejería de Inclusión Social “queda recogida en el Proyecto de Orden de 23 de mayo de 2023 para fomentar la participación de personas socias de los Centros de Participación Activa (CPA)”. Por ello, los socialistas han presentado alegaciones durante el periodo de información pública para que esta situación y anomalía sea revertida. Parece paradójico que en centros de participación de los mayores, se vaya a disponer que esa denominada participación consista en suplir los trabajos que la plantilla de esos centros debe realizar. Es simplemente, un subterfugio el usado para fundamentar este polémico aspecto de la ley, por no decir mano de obra gratuita.  

Que los mayores abran estos centros

Grave es además que se reconozca en la misma norma que no hay personal suficiente en las plantillas de la propia Consejería y que no se den pasos para actualizarla. Con esta confesión, implícita y verbalizada en la propia norma que el Gobierno andaluz ha aprobado, se confiesa que las plantillas son escasas y que por ello, se recurre a ese subterfugio de que, por ejemplo, sean los propios mayores quienes abran el centro o se encarguen de otras labores que deben ser asumidas por el personal profesional. Para Ruiz Espejo, se reconoce este déficit de trabajadores“mientras se quiere dotar a los socios de estos centros, a las personas mayores, como agentes de la Administración y permitir que puedan llevar a cabo determinados servicios como la apertura de estos centros sin que exista personal público responsable”.

Exigen dotar de personal suficiente

De ser así y llevarse a cabo, nos encontraríamos en una situación anómala e increíble y que estaría en contra de los principios del Estado de bienestar social que se les debe a nuestros mayores una vez que han llegado a la edad de disfrutar tranquilamente del final de sus vidas y no “ponerlos a trabaja”. Es una situación que tanto por su aspecto legal como el moral no debiera de permitirse. Hacer trabajar a nuestros mayores envuelto en la bandera del envejecimiento activo o de la participación, es algo increíble, inasumible en la una sociedad moderna y que no debe de consentirse, mucho más en centros públicos que debe de tener las plantillas de profesionales y especialistas apropiadas. Para el parlamentario socialista “desde el PSOE-A consideramos que no se puede exigir esta responsabilidad a las personas mayores, usuarios y socios de estos centros”. El parlamentario antequerano exige al Gobierno andaluz “abrir un proceso de diálogo con sindicatos, profesionales y usuarios de estos centros para poderlos dotar del personal y de la plantilla suficiente para cubrir todos los servicios y no exigir esta responsabilidad a las personas mayores o socios de los mismos”.

Es un servicio público

La solución para paliar este posible y grave problema no es compleja, solo es una cuestión de voluntad y decisión política. Para el diputado socialista, José Luis Ruiz Espejo, se trataría de que la Junta dote a estos centros de “todos los medios humanos y materiales para que cumplan su función de servicio público para las personas mayores de Andalucía, sin que estos tengan que asumir responsabilidades, pues se trata de un servicio que corresponde a la Junta, que no puede sustituir personal público por socios o personas mayores en estos centros”.