Delegaciones de Gobierno, delegaciones provinciales y delegaciones territoriales. Hasta tres denominaciones tienen ahora en las provincias los diferentes altos cargos de la Junta de Andalucía, que suman un total de 89 tras la creación de 16 nuevos en el Consejo de Gobierno de ayer. A principios de este año se crearon otros 16.

Si la Administración socialista estaba sobredimensionada, según la reiterada acusación del PP cuando estaba en la oposición, la Administración conservadora estaría hiperdimensionada, pues ya reúne 24 altos cargos más que su predecesora, si bien su número de consejerías sigue siendo inferior: 11 frente a 13.

¿Lo complicado es eficaz?

Con el nuevo decreto, la Administración de la Junta podrá estructurarse bien en delegaciones del Gobierno y delegaciones provinciales de cada una de las distintas consejerías, bien en delegaciones del Gobierno y delegaciones territoriales. 

Podrán tener asignados bien los servicios correspondientes a determinadas materias de una consejería, bien el conjunto de los servicios de una consejería, bien los servicios periféricos de varias de ellas. El Ejecutivo conservador considera que esta reestructuración dará “mayor agilidad y eficacia" a su gestión.

Cumpliendo la regla sagrada de la política según la cual no debes aplaudir a tu adversario ni aunque te imite, el Partido Socialista y Podemos se apresuraron ayer a descalificar la ampliación de altos cargos aprobada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno: "contradicen todo lo defendido hasta ahora", dijo el primero; "es un despilfarro", señaló el segundo.

Sí iba, en cambio, bien dirigido el dardo del portavoz socialista José Fiscal apuntando al supuesto ‘gratis total’ de la medida: “Tiene que dar muchas explicaciones porque le va a costar a los andaluces al menos un millón de euros”.

Teoría (y práctica) del coste cero

Y es que, según el Gobierno andaluz, los nuevos altos cargos serán funcionarios y, por tanto, “su coste será cero”. Así lo proclamó ayer el vicepresidente Juan Marín y así lo publicaba la web oficial de la Junta, precisamente el mismo día que el Gobierno autonómico otorgaba una subvención de 40.000 euros a la web Maldita.es para combatir bulos y noticias falsas.

Marín fue cuidadoso en la elección de sus palabras para explicar la nueva hornada de altos cargos: el propósito del Gobierno andaluz es "reforzar el trabajo" en determinada delegaciones y hacer más ágil la Administración autonómica. 

En la prosa burocrática del decreto, la idea es "acometer diversos ajustes técnicos para adecuar los órganos periféricos a los distintos cambios que se han ido produciendo en las estructuras organizativas de las consejerías".

También presumió el vicepresidente de que el andaluz es “el Gobierno autonómico con menos consejerías por habitante de España”: argumento algo ventajista si se considera que Andalucía es la comunidad más densamente poblada. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, también tiene 11 consejerías, pero tres millones y medio menos de habitantes.

Las cuentas del Gran Capitán

Exigido por Vox en su último acuerdo presupuestario con el PP y Cs, el ‘coste cero’ parece haber sido calculado haciendo las cuentas del Gran Capitán... pero al revés: en vez una suma desproporcionada de gastos, la Junta ha hecho una resta desmedida de ahorros con el único argumento de que los 16 futuros altos cargos serán todos ellos funcionarios.

Las cuentas de San Telmo no mencionan que, en principio, otros 16 empleados públicos deberían cubrir las vacantes dejadas por quienes sean nombrados; que el sueldo de estos será en muchos casos superior al que percibían como funcionarios, pues es improbable que alguien arrostre sin compensación salarial el desgaste personal de estar expuesto al escrutinio público; y, finalmente, que la condición de alto cargo suele llevar aparejada la contratación de personal de apoyo.

Ciertamente, el Ejecutivo incumple así su promesa de reducir la ‘grasa política’ de la Administración autonómica, pero es poco probable que tal incumplimiento conlleve un desgaste electoral significativo. El PP, Cs y Vox abusaron en su día del lema populista ‘menos políticos y más funcionarios’, y a la postre han resuelto el dilema convirtiendo en políticos a funcionarios ideológicamente afines.

Una pequeña trampa

¿Se enfadará Vox por el aumento de altos cargos contra el que tanto ha clamado el partido ultra? ¿El decreto de ayer supone el incumplimiento del acuerdo firmado con PP y Cs el pasado 18 de noviembre, por el que Vox garantizaba su apoyo a la Ley de Presupuestos de 2021? Ni Vox se enfadará ni parece que haya habido incumplimiento en sentido literal.

El punto que prohibía el incremento de personal directivo fue redactado lo bastante taimadamente como para dejar al Gobierno andaluz un amplio margen de discrecionalidad hasta este 31 de diciembre.

En el acuerdo se dice textualmente que “el número de puestos de personal directivo existente en el conjunto de las entidades a la que se refiere el artículo 25 de la Ley de Presupuestos no podrá incrementarse respecto al existente a 31 de diciembre de 2020”. En efecto: el 31 de diciembre ya habrá 16 altos cargos más, incorporados al borde mismo de la campana.