La memoria se desvanece con el paso del tiempo y los recuerdos también se marchan con los que mueren. Podemos hablar mucho de nuestro pasado, pero no estamos vacunados contra nuestros errores y podríamos repetirlos a poco que se puedan concatenar algunos factores.
No somos desmemoriados, pero tuvo que hacerse una Ley de Memoria Histórica durante el gobierno de Zapatero para tomar conciencia de las deudas pendientes y homologarnos con los estados que habían sufrido dictaduras y habían gestionado bien su vuelta a la democracia.
No voy a echar tierra sobre la Transición española y tampoco voy a calificarla de modélica como hacen algunos que ahora presumen de constitucionalistas y no votaron la Constitución e, incluso, quieren cargar contra ella hoy recurriendo a la violencia.
Es un defecto muy extendido la lectura de la Historia saltándose las páginas que no convienen a nuestros intereses, a nuestras afinidades ideológicas o, simplemente, a nuestros sesgos de raza, género o religión. La actualidad nos brinda sobrados ejemplos de cómo en el Parlamento, Gobierno y oposición se tiran nuestra historia más reciente a la cabeza con ocasión o sin ella.
Ha sido la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, la que ha acertado al calificar la recuperación del Pazo de Meirás como un “día que deja una sensación de justicia histórica,” porque hasta ahora han sido muy escasos los hechos que pueden ser calificados como tales. Yo me atrevo a decir que este es el segundo tras la salida del dictador del Valle de los Caídos.
Hacer justicia implica reparar el daño causado y en este ámbito quedan muchas asignaturas pendientes en España, pese a estos dos aprobados recientes: Meirás y el traslado de los restos de Franco de Cuelgamuros. Tenemos que empezar a hablar de Justicia Histórica y a pasar de las palabras a los hechos: anular sentencias, apertura de archivos militares y un largo etcétera que incluye trabajo esclavo, bebés robados, represión ideológica y torturas durante la dictadura.
