La primera norma jurídica que reconocía la autonomía para Cataluña fue la del Estatuto de 1932, aprobado en septiembre de dicho año, casi al mismo tiempo que la Ley para la Reforma Agraria y después de que fracasara el golpe de Estado de Sanjurjo. Fruto de aquella norma sería la celebración de las primeras elecciones que dieron paso a un Parlamento donde la fuerza mayoritaria era Esquerra Republicana de Cataluña, que había concurrido dentro de una coalición denominada Esquerra Catalana, junto a otras fuerzas de izquierda y republicanas. Obtuvo una mayoría aplastante, pues de los 67 diputados obtenidos por la coalición, 56 pertenecían a ERC. Así fue cómo Macià accedió al cargo ya de acuerdo con el contenido del Estatuto, y se mantendría en el mismo hasta su muerte en diciembre de 1933. Le sustituyó en ese puesto Lluís Companys, quien tuvo que hacer frente a una nuevas situación política por cuanto en noviembre de 1933 las elecciones dieron mayoría a la coalición derechista de la CEDA, liderada por Gil Robles y al Partido Republicano Radical de Lerroux.
La vida política de la II República cambió a partir de la etapa de gobierno de la derecha: presidencia de Lerroux, con apoyo parlamentario de la CEDA. Se puso fin al periodo de reformas del bienio anterior, de modo que se ha denominado a estos años como bienio rectificador, por su afán de modificar la política reformista de años anteriores. Una de las cuestiones objeto de debate fue la política autonómica, paralizada a partir de entonces, u obstaculizada como era el caso de Cataluña, la única que había accedido a la autonomía de acuerdo con lo establecido en el texto constitucional. En ese contexto, cuando estalla la revolución de octubre de 1934 Companys tomó una decisión el día 6 de octubre, con el objetivo de que la “Cataluña liberal, democrática y republicana” se sumara al movimiento que había estallado en otros lugares, y su propuesta era la de proclamar “el Estado catalán dentro de la República Federal Española”, y finalizaba con la afirmación de que “el espíritu del Presidente Macià, restaurador de la Generalitat, nos acompaña”, y los vivas a Cataluña, a la República y a la Libertad.
De este modo, el gobierno catalán rompía la legalidad republicana a la que había contribuido en otros momentos y se ponía a favor de la utilización de métodos revolucionarios para la consecución de sus objetivos políticos. Resultaba difícil tener éxito en esa aventura política, como en efecto así fue. El ejército controló la situación, Companys fue encarcelado y la autonomía catalana suspendida hasta 1936, después de que el Frente Popular ganara las elecciones.
Aun cuando la situación no es comparable, la propuesta soberanista de Artur Mas antes y durante la campaña electoral puede ser comparable a lo acontecido en 1934 en cuanto que se salía del consenso político establecido en la Constitución de 1978, al cual habían contribuido los nacionalistas catalanes. Si en la II República la situación se convirtió en un problema de orden público, agravado es cierto por el conflicto planteado en Asturias, ahora se presenta de otra manera. Nadie piensa en que Mas pudiera haber llegado a ser encarcelado, pero lo que sí debería de hacer es una lectura adecuada de los resultados electorales, tener en cuenta cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos de Cataluña, inclusive sus propios votantes, a su propuesta. También debe valorar las diferencias existentes dentro de la coalición entre su partido, Convergencia, y su socio, Unió.
Las posiciones nacionalistas, entre otras características, suelen basarse en el agravio comparativo y en la manía persecutoria con respecto a los de fuera, que por lo normal son los culpables de los males de su nación. Ahora, Mas parece que no asume ninguna responsabilidad, habla de la necesidad de mantener la estabilidad política, de que hacen falta apoyos parlamentarios para sacar adelante los proyectos, pero siempre olvida que han sido él y su partido los que han conducido a la situación en la que se encuentran los catalanes y Cataluña. Es cierto que CiU ha obtenido el mayor número de diputados, con una gran distancia con respecto a los demás, pero no lo es menos que han sido los perdedores morales de la convocatoria electoral y alguien debería asumir esa responsabilidad, en lugar de lanzar compromisos y obligaciones a los demás, sobre todo cuando se ha jugado a no respetar las reglas de los mecanismos democráticos que ahora, para mantener el gobierno y sacar adelante los presupuestos, sí parecen importantes.
