Aunque ninguno de los dos partidos quiere desairar al socio parlamentario que hizo posible el actual Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, ambos se han posicionado con la suficiente claridad como para poder dar por segura, el próximo miércoles, la derrota en la Mesa del Parlamento de la solicitud de Vox para acceder a los nombres de las personas que trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la Junta. Cada uno a su manera, PP y Ciudadanos han dicho hoy que la propuesta del partido ultra no será tramitada.
Mientras la número dos del PP, Loles López, se mantenía en el argumentario de su partido insistiendo en que no darán “ni un paso atrás” en materia de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, iba un poco más allá al afirmar que la petición de Vox contraviene “leyes, principios y valores que Ciudadanos no se va a saltar”. "Yo no estoy dispuesto y creo que el PP tampoco va a votar en contra de lo que diga una ley", recalcó Marín: “No vamos a permitir ningún retroceso".
Mientras, el PSOE sigue apretando. La portavoz de su ejecutiva regional, Ángeles Férriz, anunció que su grupo solicitará la comparecencia extraordinaria en comisión del vicepresidente de la Junta, de quien dependen orgánicamente las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Marín debe “dar la cara y desautorizar rotundamente la petición indecente de Vox”, ha dicho Férriz.
Adelante Andalucía también se ha posicionado en contra de la solicitud, que directaemtne ha calificado de “chorrada”.
Mientras tanto, el presidente del grupo ultra, Francisco Serrano, insistía desde su cuenta de Twitter en que su única pretensión al reclamar esa lista de trabajadores y su número de colegiación es investigar lo que denominó “graves irregularidades” que estarían cometiendo algunos de estos empleados para hacen sus informes para los juzgados, lo que significa que estarían engañando a jueces y fiscales de violencia de género.
"Hay inocentes condenados y menores y sus familias destrozados. Hay corrupción y la quieren seguir tapando. No lo permitiremos aunque nos insulten", clamaba Serrano, que estuvo expulsado durante dos años de la carrera judicial en cumplimiento de una condena por prevaricación por haber modificado el régimen de visitas de un menor para que pudiera acudir a una procesión de Viernes Santo.
