La Intervención General de la Junta de Andalucía habría elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes en relación a los programas 32D y 32L vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013. Sin embargo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, en una nota hecha pública anoche, señalaba que los libramientos pendientes de justificar del programa de Formación para el Empleo (periodo 2007-2015) ascienden en realidad solo a 733,7 millones de euros. Considera la Junta que la información publicada sobre los 3.015 millones de cantidades pendientes de justificar es "la suma de todos los requerimientos que ha realizado la Intervención General de la Junta de Andalucía para la ejecución de esos libramientos desde el año 2005 hasta la actualidad", por lo que, según explica el departamento de Luciano Alonso, "se suman todas las veces que se han requerido las cuantías desde 2005, aunque estas cuantías se repitan cada año". "De ahí que la cuantía final sea notablemente superior a los libramientos pendientes de justificar que como se ha señalado ascienden para el programa 32D a 733,7 millones", ha reiterado, apuntando que las cuantías requeridas se van reiterando cada año hasta que se produce su completa justificación. No obstante, según consta en la información remitida el 17 de marzo por la Intervención de la Junta de Andalucía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, consultada por Europa Press, hasta 2.260 millones de euros estarían vinculados a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto a las ocho delegaciones provinciales, destacando el caso de la delegación de Sevilla, con 262 millones de euros, y de Cádiz, con 229 millones. Estos datos se han conocido este martes, después de que la juez Mercedes Alaya levantara la semana pasada el secreto parcial de las actuaciones. Entre la documentación de la que se ha dado traslado a las partes, consta la declaración como testigo ante Alaya de Ignacio García Revilla, quien en julio de 2010 fue nombrado interventor adjunto de Control Financiero y Control Financiero Permanente de las grandes empresas de la Junta y que en su comparecencia hizo alusión a los certificados emitidos por el SAE una vez se había liberado el pago del 75 por ciento de las ayudas y donde "se hacía contar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la subvención". Este interventor puso de manifiesto que "los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad, de la muestra que se eligió a la hora de realizar tanto el informe de cumplimiento de 2012 como los informes especiales, sobre todo en relación a estos últimos, ya que la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación", según consta en el acta de su declaración, consultada por Europa Press. LA "FALTA DE REALIDAD" DE LOS CERTIFICADOS A su juicio, además, "si el órgano gestor era consciente de que los certificados de finalidad no coincidían con la realidad como en la práctica al menos de la muestra así sucedía, desde luego ello constituía un impedimento para que la Intervención realizara mayores comprobaciones acerca de la justificación de las subvenciones", pues "conocería que la Intervención en la práctica de acuerdo con la guía y de acuerdo con el Reglamento de Intervención le bastaba con el referido certificado". Al hilo, aseveró que "no tiene evidencias directas pero sí indirectas, a través de la falta de realidad de los certificados y de los numerosos fallos en la tarea de comprobación por parte del órgano gestor que no pueden imputarse a falta de tiempo, que las deficiencias en las tareas de justificación por parte del órgano gestor se realizaran deliberadamente". En este punto, la juez le cuestionó por la razón que hubiera llevado al órgano gestor a actuar deliberadamente y el testigo aseguró que "por beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios". También le preguntó la magistrada por el hecho de que se hayan dictado resoluciones de exoneración de la necesidad de justificar el gasto de las subvenciones --cifradas en 950 millones de euros--, señalando el interventor que "en su opinión como ciudadano cree que todo obedece a la misma finalidad de favorecer a determinadas empresas o determinados grupos y el seguir dando subvenciones como sea", una opinión que ofreció "sin estar basada en técnicas de auditoría". UNA INTERPRETEACIÓN ERRÓNEA La Consejería de Educación rebaja los libramientos pendientes de justificar del programa de Formación para el Empleo (periodo 2007-2015) a 733,7 millones de euros. En un comunicado, el departamento que dirige Luciano Alonso señala que la información publicada tras el levantamiento del secreto parcial de las actuaciones que pesaba sobre la causa del fraude en los cursos de formación la Consejería "no se corresponde con la realidad" y que se trata de "una interpretación errónea" de la información remitida por la Intervención. Frente a los 3.015 millones pendientes de justificar que dice la Intervención General, el comunicado de la Consejería sostiene que, en la información publicada en la Cuenta General, que elabora la propia Intervención General, y que audita y publica la Cámara de Cuentas de Andalucía, se pueden consultar los libramientos pendientes de justificar de Formación para el Empleo que "ascienden a 733,7 millones de euros", según el dato remitido por la Consejeria de Hacienda. La Cuenta General de 2013 publica el último dato disponible sobre libramientos pendientes de justificar de la Consejería de Educación, la cual es competente en dicha materia de todos y cada uno de los expedientes traspasados con fecha de abril de 2013 y que son correspondientes al periodo 2007 hasta la actualidad. Concretamente, según la Consejería, los libramientos pendientes de justificar del programa 32D a ejercicio cerrado en 2013 ascienden a 732 millones de euros. "Si se le incorporan las cuantías del ejercicio corriente la cuantía de libramientos pendientes de justificar del programa de Formación para el Empleo asciende a 733,7 millones de euros (periodo 2007-2015)". TRANSPARENCIA TOTAL La información sobre libramientos pendientes de justificar está recogida en la Cuenta General que elabora la Intervención General de la Junta de Andalucía, y que audita y publica la Cámara de Cuentas de Andalucía. La información completa sobre libramientos por ejercicio y por cada sección presupuestaria está publicada en la página web de la Consejería de Hacienda desde septiembre de 2014, momento en que se forma la cuenta del ejercicio anterior, en este caso 2013. Ante esto, la Consejería ha resaltado la "plena y completa" transparencia sobre este mecanismo recogido tanto en la norma estatal, artículo 79 la Ley General Presupuestaria, como en la Ley General de Hacienda de la Junta de Andalucía. Además, señala que la información se refiere a cuantías que están en  revisión de aquellos expedientes previos al 2007 y en tramitación de su justificación en plazo administrativo desde 2007 en adelante, y por tanto a expedientes sobre los que las entidades ya han presentado la documentación y están pendientes de tramitar. Por último, la Consejería de Educación está desarrollando una "intensa" actividad para tramitar estos expedientes posteriores a 2007 con "la máxima celeridad posible" para lo que ha establecido un plan especial con funcionarios cualificados, tal y como ha informado puntualmente en el Parlamento su consejero.