La Justicia tumba el recurso de los gerentes del SAS después de la denuncia por destrucción de pruebas

La investigación abierta contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, se viene desarrollando desde hace casi un año y, en el mes de junio, encontró un auto del magistrado Gómez Díaz, de los juzgados de Sevilla, para prorrogar seis meses más el análisis de los contratos que se examinan y en torno a los que han surgido esta causa. El motivo que llevó a abrirla fue que estos se adjudicaron a clínicas privadas concretas sin seguir el habitual proceso de licitación pública, no hallando un comunicado de su convocatoria así como tampoco una concurrencia competitiva ni una fiscalización previa.

Los tres acusados están llamados a declarar el próximo 25 de noviembre. Una cita que habían tratado de evitar con un recurso de apelación que propiciara el archivo de la causa, si bien la Audiencia de Sevilla lo ha rechazado, lo que permitirá que la investigación por un presunto delito de prevaricación siga adelante. 

El proceso que se siguió para que estos fueran concedidos a estos centros sanitarios privados por parte de la Junta de Andalucía fue el procedimiento de emergencia que se habilitó durante la pandemia, si bien estos se siguieron adjudicando a pesar de que en mayo de 2021 el Gobierno de España entendió que no era necesario continuar con este método pues las condiciones de mercado que habían justificado ese modelo de contratación excepcional habían desaparecido. Concretamente, los contratos se investigan contratos en juzgados de Sevilla y Cádiz. Así, en la provincia gaditana se ahonda en la gran cantidad de concesiones que se llevaron a cabo en esta región andaluza en el 2021 y que se suscribieron con una única empresa y por la misma prestación,  mientras que en la sevillana se hace un análisis de los que se otorgaron entre 2020 y 2024 en diferentes territorios de la comunidad autónoma. 

Son dos causas de las cuales, en la segunda de ellas, la de Cádiz, el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) se personó como "parte perjudicada", aunque no lo hace en la de Sevilla. En su conjunto, esta adjudicación "a dedo", como se está indicando que habría ocurrido, de contratos implica haber concedido adjudicaciones por valor superior a 400 millones de euros sin haber seguido, presuntamente, de manera adecuada los procedimientos públicos.

Alarma por una posible destrucción de pruebas

En horas recientes, el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, denunciaba una presunta "desaparición y mutilación" de documentación contractual, que podría cifrarse en, al menos, 53 millones de euros, y que afectaría directamente al caso del uso "irregular" de los contratos de emergencias por parte del Gobierno andaluz en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). 

El socialista explicaba en Granada que se había constatado que "presuntamente se ha mutilado información que, en un primer momento de la investigación, apareció ante el juez y que, cuando se solicitó su remisión para el proceso, desapareció una parte importante de la misma". Jiménez aseguraba, de esta manera, que "esto no es fruto de la casualidad", sino que forma parte de una "estrategia premeditada, calculada e impulsada desde San Telmo". En este contexto, el político del PSOE denunciaba que, "desde mayo, se está solicitando información a la Junta de Andalucía sobre las comunicaciones entre los responsables de contratación del Servicio Andaluz de Salud y los proveedores que eran contratados de manera directa para la prestación de servicios privatizados". "Y, desde mayo, la respuesta ha sido la omisión y la ocultación", indicaba.