El programa de cuidados intermedios de Andalucía amenaza con convertirse en una "nueva promesa incumplida" de Moreno Bonilla

La Junta de Andalucía puso en marcha hace algo más de un año un programa piloto dirigido a atender a personas mayores de 50 años que, tras un alta hospitalaria o con una patología con pronóstico de recuperación de autonomía, precisen atención especializada para evitar situaciones de dependencia. La iniciativa era, a priori , muy prometedora, Sin embargo, amenaza con convertirse en "una nueva promesa incumplida" del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. 

Así lo denuncian desde el Sindicato de Enfermería SATSE, que esta semana ha vuelto a alertar de que este proyecto de cuidados cualificados, aunque es políticamente correcto, "carece de compromisos concretos y soluciones reales". 

Ya en julio, la organización lanzó una advertencia al respecto, al detectar una ocupación muy baja, concretamente del 40,31%, pese a ser "un recurso vital diseñado para garantizar la continuidad de cuidados a pacientes con patologías traumatológicas y necesidades sanitarias complejas tras el alta hospitalaria".  

Si bien ese porcentaje ha subido hasta alcanzar el 76 %, SATSE denuncia que no se aportan datos clínicos, resultados en la salud, ni evidencia empírica sobre el impacto real del proyecto en la recuperación funcional de los pacientes, de ahí su exigencia de que se publique de forma periódica un cuadro de mando con indicadores clave.

Asimismo, piden a la Junta de Andalucía la creación formal de un Comité de Seguimiento del Proyecto de Cuidados Cualificados, con representación sindical y derecho a voz y voto; y el acceso inmediato a la documentación pendiente, la cual comprende criterios de inclusión, protocolos de derivación, dotación profesional, desglose presupuestario y estadísticas reales de funcionamiento.

La opacidad y falta de claridad por parte del Ejecutivo que dirige Juan Manuel Moreno Bonilla afecta también, aseguran desde este sindicato, a la sostenibilidad financiera, pues más allá del uso de fondos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuya naturaleza no permite garantizar la continuidad del servicio, no hay una dotación explícita en los presupuestos ordinarios del SAS.

Otro aspecto sobre el que SATSE muestra su preocupación tiene qu ever con la desigualdad territorial que afecta a esta iniciativa, pues en Cádiz y Málaga no existe ninguna plaza concertada. La derivación de pacientes a otras provincias, presentada por la Administración como una solución operativa, dicen, "no resuelve los costes que soportan las personas afectadas y sus familias, ni garantiza un acceso equitativo al recurso". "La equidad en salud se consigue asegurando la disponibilidad del recurso allí donde se necesita", enfatizan desde esta organización, al tiempo que reclaman un plan específico para ambas provincias "con medidas concretas, responsables asignados y un calendario de implementación".

En el plano de recursos humanos, el sindicato recuerda que el Servicio Andaluz de Sallud menciona la participación de enfermeras gestoras, trabajadores sociales y otros profesionales, pero no ofrece datos sobre ratios asistenciales, categorías contractuales, cobertura de bajas o reconocimiento retributivo por la prestación de cuidados cualificados. "La calidad asistencial requiere plantillas estables, condiciones laborales dignas y un marco claro de reconocimiento profesional.", destacan.

Pese a todo, desde SATSE insisten en su disposición al diálogo, "siempre que se base en transparencia, datos objetivos y voluntad real de corregir las deficiencias detectadas". El objetivo, mantienen, es evitar que "una iniciativa con alto potencial acabe convertida en una nueva promesa incumplida".