La Junta de Andalucía nunca tiene bastante… si quien da es el Gobierno central. Aunque este modificó, a petición de Andalucía y otras comunidades muy pobladas como Valencia, el criterio inicial de reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables destinados a las CCAA para ayudarlas a superar la crisis causada por el coronavirus, no por ello la Junta ha dejado de lanzar reproches al Ejecutivo.

Ayer, el portavoz autonómico y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, no solo fue muy crítico con el nuevo reparto gubernamental, sino que amenazó incluso con reclamar donde fuera necesario los 800 millones que, según sus cuentas, debería recibir Andalucía, además de los 2.100 ya comprometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pandemia y población

Bendodo volvió a enarbolar el argumento más repetido por la Junta y los dos partidos que la sustentan: que el PSOE siempre defendió que la población debía ser el concepto de mayor peso a la hora de decidir la financiación autonómica.

Lo que el portavoz no mencionó es que la razón por la que el Gobierno ha inyectado esos 16.000 millones a las arcas autonómicas es exclusivamente paliar los gastos derivados de la pandemia, más elevados en las comunidades donde el virus ha impactado con más violencia, que no es el caso de Andalucía.

Entiende Bendodo que el Ejecutivo central "no ha primado el criterio de la población, por lo que Andalucía pierde 800 millones del total" que debería recibir. Y puso este ejemplo: "Alguien tiene que explicar que Cataluña reciba 1.000 millones más cuando tiene un millón de personas menos viviendo allí". De nuevo, olvidó el portavoz mencionar que el impacto de la covid-19 en Cataluña ha sido muchísimo más letal que en Andalucía.

Cambio de criterio

Como se recordará, inicialmente el Ministerio de Hacienda planeó a principios de mayo un reparto que primaba el gasto sanitario de cada comunidad: 10.000 de los 16.000 millones irían directamente a cubrir el gasto sanitario.

El primer tramo de 6.000 se distribuiría así: un 35% en función de los ingresos en la UCI por la covid-19, un 25% según las hospitalizaciones, y un 20% según los positivos confirmados por PCR (que elevan al 80% los criterios vinculados al impacto del coronavirus). Solo el 20% restante, que se distribuiría en base a la "población ajustada o población protegida equivalente", tendría un destino ajeno a la pandemia.

El criterio gustó a comunidades muy afectadas por el coronavirus, como Madrid, Cataluña o Castilla y León, pero irritó a otras con mucha población pero poco daño epidemiológico, como Andalucía y Valencia.

Con el cambio de criterio para dar más peso a la población, las enfadadas son ahora las comunidades más despobladas, como las dos Castillas o Aragón. El pasado día 7, Pedro Sánchez comunicó a los presidentes autonómicos el cambio: 9.000 millones se destinarían a gastos sanitarios, 2.000 millones a educación y 5.000 millones para compensar la caída de ingresos derivada del parón económico; de estos últimos, 800 millones irían a compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.

En cuanto a los 9.000 millones destinados a gasto sanitario, el primer tramo de 6.000 millones se repartiría doblando casi el peso de la población protegida, que pasaba de pesar un 20 por ciento a pesar un 35.