La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que también investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, quiere conocer los expedientes de los Consejos de Gobierno de la Junta durante la etapa socialista en los que se aprobó la concesión, presuntamente irregular, a la empresa malagueña Isofotón de préstamos millonarios que está no devolvió y a los que podría no tener derecho.

El juzgado está investigando los 80 millones en ayudas públicas concedidas por el Ejecutivo andaluz a la citada empresa fotovoltaica entre 2005 y 2012 para saber si se aprobaron a sabiendas de la mala situación económica de la compañía, declarada en concurso de acreedores pese a haber recibido dichas ayudas. En las diligencias previas han sido apreciados indicios de posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro supuesto delito de falsedad en documento público.

Haciéndose eco de peticiones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, la juez ha requerido a la Consejería de Presidencia los expedientes de distintos acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno y la Comisión de Viceconsejeros en los años 2007, 2010 y 2011. También reclama, por el mismo motivo, el acta de la sesión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos celebrada el 3 de julio de 2012, de la que entonces formaban parte la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Agricultura, Luis Planas.

El PP lleva el asunto al Congreso

El PP llevó el caso el pasado miércoles al Pleno de control al Gobierno en el Congreso, donde también pidió cuentas a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, además de hacer lo propio con Montero y Planas.

“¿Dimitirá la ministra si es investigada por el caso Isofotón?”, rezaba la pregunta directa para la titular de Hacienda que registró la diputada malagueña Carolina España.

Teresa Ribera, María Jesús Montero y Luis Planas rechazaron las peticiones de dimisión. "Es una lista de mentira, infamias y difamaciones", replicó la vicepresidenta Ribera a una pregunta del diputado del PP Juan Diego Requena Ruiz, quien la había acusado de borrar de su currículum su pasado en la empresa Isofotón y de haber recibido ayuda de sus actuales compañeros de Gabinete, María Jesús Montero y Luis Planas.

Lo cierto, sin embargo, es que el caso ERE, donde exaltos cargos de la Junta ha sido severamente condenados, sienta un precedente que no puede dejar de inquietar a los políticos ahora investigados en Isofotón. Cuando estalló el caso ERE, prácticamente ninguno de los luego procesados y condenados pensó jamás que iba a verse en la apurada situación en que luego se vio.

Ayudas bajo sospecha

Sobre el préstamo de 8,3 millones de euros concedido a Isofotón por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), filial de Idea, la Fiscalía sospecha que fue concedido "con conocimiento de los incumplimientos existentes en las ayudas otorgadas con anterioridad por la agencia Idea y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior, incluso sin que este se realizara".

La Fiscalía esgrime un informe técnico de la propia Junta según el cual el plan de negocio de Isofotón era poco consistente y además la empresa tendría avalados ya entonces 29 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.  "A pesar de ello, y con negligencia grave”, afirma el fiscal, el préstamo le fue otorgado por la "importancia estratégica de la empresa", que contaba con más de 700 trabajadores.

En el marco de su investigación, el pasado 21 de diciembre el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla tomó declaración como investigados al exconsejero de Empleo Manuel Recio; al exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila; al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y al exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río y el ex presidente de la caja de ahorros El Monte (posteriormente Cajasol hasta su absorción por Caixabank) José María Bueno Lidón, entre otros.

Manuel Recio compareció apenas unos minutos ante la juez instructora, que en concreto lo habría sido interrogado sobre un aval concedido a Isofotón el 12 de abril de 2010. El exconsejero defendió que, conforme a la documentación elevada al consejo rector de IDEA, el mencionado aval cumplía los requisitos y por ello fue aprobada su concesión. Tal línea de defensa habrían seguido también Agustín Barberá, quien declaró durante tan sólo unos minutos, y el exconsejero Antonio Ávila, quien sí prestó declaración durante aproximadamente una hora.

Con anterioridad, también comparecieron como investigados ante la juez instructora Martín Soler y Francisco Vallejo, exconsejeros de Innovación, Ciencia y Empresa.

Un precio de un euro

Según el juzgado instructor, Idea concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución", pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), "por un precio simbólico de un euro", lo que no impidió que la empresa cosechase "cuantiosas ayudas con cargo al erario público".

Es más, según el juzgado, tras el citado relevo societario, "Isofotón y las entidades de su entorno comienzan a pagar cuantiosas cantidades a entidades del Grupo Affirma, bajo la dirección de los hermanos Ángel y Diego Serrano", ambos investigados en esta causa.

Según el Juzgado, Isofotón y las sociedades de las que participaba recibieron fondos públicos por valor de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, mediante "avales e incentivos directos a fondo perdido", toda vez que "los avales otorgados por la agencia IDEA presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas".

Para el juzgado, la agencia Idea "debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón", mientras Soprea, como filial de Idea, concedió a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros "pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por IDEA".

Los investigados se defienden

No obstante, el exdirector general de Idea Antonio Valverde Ramos, a la hora de declarar como investigado, esgrimió estudios previos, cifras y datos de Isofotón a la fecha de la autorización de los avales para defender la "legalidad" de los mismos.

Valverde habría esgrimido ante la juez instructora no sólo el marco normativo en el que se apoyaban los avales, sino los "informes y análisis de viabilidad" técnicos que demostrarían la necesidad de apoyar económicamente desde la administración pública a Isofotón, señalando que la Cámara de Cuentas de Andalucía había "revisado" estos avales sin formular ante los mismos reparos ni objeciones.

En paralelo, el que fuera presidente de Isofotón Ángel Luis Serrano Serrano exponía que el dinero ingresado en la empresa fruto de los avales y préstamos "no se quedó en Isofotón", sino que fue destinado a "nóminas" de la plantilla y un pago a Samsung.