La Junta de Andalucía adquirió en los primeros meses de pandemia mascarillas que estaban caducadas desde 2014. A día de hoy, la empresa proveedora del material sanitario no ha recibido ninguna sanción, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com.
Se trata de tapabocas de la firma Suremask ConfortCover, que se repartieron en los centros de salud de la Axarquía (Málaga). Tal y como contaban los medios de comunicación en mayo de 2020, algún responsable de la entrega masiva tachó con rotulador negro la fecha de caducidad, que no pudo verse hasta que los profesionales sanitarios de la provincia andaluza más afectada entonces por el virus aplicaron disolvente y fueron capaces de comprobar que, efectivamente, las mascarillas llevaban seis años siendo inservibles.
Sin embargo, y pese a la flagrante caducidad del material sanitario comprado y el incumplimiento contractual de la empresa con la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla ha declinado exigir responsabilidades a los proveedores, sin abrir expediente, amonestar ni exigir una devolución del dinero público destinado a la firma sanitaria.
Y todo esto, además, después de que el escándalo llegase a los medios de comunicación, al Parlamento Andaluz y al propio Palacio de San Telmo. De hecho, el PSOE recuerda que, una vez conocida esta entrega de mascarillas deterioradas, registraron varias preguntas y peticiones de información al entonces consejero de Salud y Familias del Gobierno de Moreno Bonilla, Jesús Aguirre, quien actualmente ocupa la Presidencia del Parlamento de Andalucía.
Cronología del escándalo
Era todavía 2020 cuando el PSOE de Andalucía registró varias preguntas -en abril y mayo- acerca de las partidas de mascarillas defectuosas que había adquirido el Ejecutivo autonómico hasta la fecha. En los diarios de sesiones, el entonces consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre Muñoz, defendería la gestión de su gobierno, pero reconocería que el material estaba caducado y que, en consecuencia, se hizo PCR a todas las personas que lo utilizaron -con el correspondiente incremento del coste público que eso suponía-.
“En un momento determinado, todas las comunidades autónomas tiramos del material que teníamos y lo evaluamos. Una vez que el material, aunque estuviera caducado, estuviera evaluado por los técnicos, directamente se ponía en circulación. Lo han hecho no una, sino todas, con el beneplácito del Gobierno Central, con fecha 15 de marzo”, justificada el consejero.
“Nosotros hemos abierto, referente a las mascarillas esas, se llaman Suremask ConfortCover, hemos abierto dos informaciones reservadas. El primero, estaban caducados desde el año 2014 (…) Lo que sí hemos hecho es meter en todos los protocolos a todos aquellos que han utilizado cualquier tipo de mascarilla que luego ha resultado que tienen algún problema. A todos se les ha hecho el PCR, a todos se les han hecho las pruebas oportunas”, añadía.
Unos días después, Aguirre hacía hincapié en que desde la administración se llevaron a cabo “una serie de actuaciones de seguridad previa a la puesta a disposición de los profesionales de mascarillas adquiridas o donadas al servicio sanitario público de Andalucía” y en que la Junta había abierto un “procedimiento de información reservada, centrada en dos partes”: una para ver el “tiempo de caducidad, cuándo se trasladaron” y otra en el área de la gestión sanitaria “para analizar cuándo y en qué condiciones se distribuyeron las mismas”. Por aquella fecha -mayo de 2020-, la Junta explicaba que existía una doble investigación abierta “viendo la fecha de caducidad, si en situación de rotura de stock”. La situación llegaría entonces a la Fiscalía Superior de Andalucía, pero, a día de hoy, la compañía todavía no ha sido sancionada.
Interpretación de un manual que el Ministerio de Sanidad no avala
Antes de que el asunto se debatiera en sede parlamentaria, el Área Sanitaria Este de Málaga Axarquía emitía un comunicado en el que también reconocía la presencia de mascarillas caducadas –“estas se tuvieron en el centro hace semanas”-, pero asumía que el Ministerio de Sanidad había “permitido el uso de este material fuera de su vida útil en el inicio de la pandemia”.
El documento al que aludía la Junta era el de Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI: estrategias alternativas en situaciones de crisis, que el Ejecutivo había elaborado al inicio del estado de alarma. Sin embargo, desde el entonces departamento de Salvador Illa subrayaban que ese tipo de mascarillas era de tipo quirúrgico y que el mencionada protocolo solo hablaba de EPIS; aunque la Junta mantuviera que el texto se refería a los trajes de protección “más allá de la vida útil designada por el fabricante” en un escenario de ausencia de mascarillas.
El Área Sanitaria Este Axarquía dejaba claro que el centro no había tenido incidencias y que los trabajadores no se habían visto expuesto a riesgo alguno. Asimismo, añadían que “en el momento actual” todas las mascarillas cumplían con los requisitos de seguridad. Entretanto UGT lamentaba la forma de proceder -borrar la fecha de caducidad- y el intento de justificación por parte de la Junta, llegando a pedir la dimisión de Aguirre, más allá de que pudieran tener razón a la hora de referirse al documento.
Más partidas defectuosas
En aquel mes, la Junta de Andalucía ya había adquirido cinco lotes de material defectuoso de mascarillas: una partida de GarryGalaxi que repartió el Ministerio de Sanidad, otros dos de modelos KN95Mask y Elite Respiratos EB09.049, adquiridos por la Junta, y una donación modelo KN95 de la marca Inuan.
La Junta de Andalucía niega las informaciones
La Junta de Andalucía desmiente la información. En respuesta a ElPlural.com, y a pesar de los datos que se aportan en el presente artículo, desde el organismo andaluz defienden que "en la etapa de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la Presidencia, el Servicio Andaluz de Salud no ha adquirido ni entregado mascarillas con fecha de caducidad vencida a centros del sistema sanitario ni a residencias de mayores o de personas con discapacidad funcional"
