Lo que no le dijo en campaña electoral ha empezado a decírselo ahora. Izquierda Unida de Andalucía endurece sus reproches a Podemos, un partido al que durante la campaña del 22-M se limitó a lanzar delicados 'pellizcos de monja' ante los cuales el partido de Pablo Iglesias ni siquiera se daba por aludido. El 22-M este obtuvo 15 diputados e IU bajó de 12 a cinco. Todas las encuestas alertaban de que IU iba a sufrir una sangría de votos hacia Podemos, como así ocurrió finalmente, pero la coalición no movió ni un músculo para evitarlo: durante la campaña centró sus ataques en el PSOE y, en relación a Podemos, se limitó a insinuar reproches tan vagos como que ellos no eran unos "ambiguos" como otros o que IU 'sí que era de verdad' de izquierdas... Poco podían inquietar a Podemos tan inocuos dardos. Y con razón: de hecho, revisando la hemeroteca de campaña es muy difícil encontrar algún titular mínima y explícitamente crítico de los líderes de IU con Podemos. Hoy, sin embargo, ha lamentado que Podemos "baje el nivel de exigencia" en materia de política de vivienda y lucha contra los desahucios "proponiendo medidas que serían aceptadas hasta por el PP" y confiando el derecho a la vivienda al "buenismo" de los bancos. ¿OTRO CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS? Así se ha pronunciado la formación de izquierdas en un comunicado tras conocer que una de las exigencias de Podemos en Andalucía, para dar su visto bueno a la investidura de Susana Díaz, pasa por una "ley de responsabilidad bancaria" que podría requerir a todas las entidades bancarias que tengan convenio de colaboración con la Junta a que se comprometan a cumplir los estándares internacionales en materia de desahucios. IU rechaza que "llegados a este punto lo mejor sea confiar en el buenismo de los bancos para que estos no desahucien" sino que, añade, la "solución pasa por seguir trabajando por la función social que debe tener la vivienda para ser un derecho y no de mercancía" tal y como establece la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, considera que la propuesta de Podemos es "un paso atrás" porque, a su juicio, "en definitiva se trata de proponer un código de buenas prácticas" que "se parece mucho a la política de De Guindos". La formación que lidera Antonio Maíllo en Andalucía ha recordado que gracias al trabajo elaborado por el anterior equipo de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, bajo la dirección de Elena Cortés, se aprobó en Andalucía la ley "más exigente" en materia de lucha contra los desahucios, la Ley de Función Social de la Vivienda. Una ley, como recuerda, "que ha paralizado 6.000 ejecuciones hipotecarias gracias a la red de oficinas en defensa del derecho a la vivienda, que ha permitido un trato personalizado desde la administración a las víctimas de los abusos bancarios". Por ello, IU ha propuesto profundizar en esa línea de trabajo que "marcó un antes y un después" en la política de vivienda de Andalucía. De esta manera, IU lamenta que la formación 'morada' opte por una 'ley de responsabilidad bancaria' "que echa por tierra todo el trabajo anterior", toda vez que entiende que este tipo de medidas "no suponen ninguna transformación" sobre lo que ha venido haciendo tanto PP y PSOE en las diferentes administraciones. "No entendemos dónde está el cambio si lo que se pone sobre la mesa son las mismas políticas trasnochadas que no han servido para nada hasta ahora", ha valorado IU. "Con quince escaños se puede hacer mucho más que eso", ha considerado IU. Por todo, IU invita a Podemos a que se sume a la reclamación ante el Tribunal Constitucional (TC) para que levante la suspensión de la Ley andaluza para la Función Social de la Vivienda "y haga valer su peso en el Parlamento andaluz tal y como lo hizo IU con doce escaños en la pasada legislatura". La propuesta de Podemos recoge que se podrán provocar desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional a personas en dificultades ni generar situaciones de exclusión derivadas de las deudas hipotecarias, así como que las entidades financieras que pretendan firmar convenios con la administración andaluza deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley de responsabilidad social bancaria, lo que no tendría efectos retroactivos.