La sociedad Invercaria, Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU, ha negado, una vez más, haber manipulado, ni fabricado "jamás" documentación relativa a cualquier a inversión, ha defendido su actividad explicando que se efectuó una "reorganización" y "clasificación" documental para volcar la información en el nuevo sistema informático y ha aclarado que siempre ha remitido al Juzgado toda la documentación solicitada en cuanto le ha sido requerida. En una nota remitida a Europa Press, la empresa pública ha recordado que "es la propia UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) quien recoge puntualmente todos los documentos que se le solicita a Invercaria en la sede de la propia empresa pública". Asimismo, considera "extraño" que, "a pesar de las explicaciones sobre la clasificación de documentos", los atestados de la Policía Nacional "sigan recogiendo valoraciones que no se ajustan a la realidad", por lo que ha pedido "rigor y exactitud" en el análisis de las operaciones y "critica que los comentarios subjetivos que recogen los atestados perjudican gravemente la imagen de la empresa e insinúan delitos graves que jamás se han cometido". Invercaria ha matizado, además, que en la empresa pública no existen expedientes en el sentido de expedientes administrativos como tal, como se ha constatado en la instrucción con el informe de un experto jurídico independiente. En el ejercicio de su actividad de inversiones, Invercaria no ha estado sujeta a normativa de carácter administrativo, salvo en el control financiero, contable y presupuestario establecido por la propia Junta. En ese sentido, precisa que cuenta con documentos y archivos de las inversiones "que se pueden organizar como la propia compañía estime oportuno y necesario para una mayor comprensión técnica de la inversión". Por ello, ha explicado que tanto en sede policial como judicial, Invercaria "reorganizó toda la documentación de sus inversiones para proceder a la carga de la misma en un nuevo sistema informático (Trewa), hecho que interpretó intencionadamente como una manipulación de la información el trabajador Cristóbal Cantos para sustentar artificiosamente su denuncia en el procedimiento laboral; cuestión que ya fue desestimada por los tribunales de Justicia". Así, ha apuntado que "cualquier consideración acerca de que esta reorganización documental ha sido una manipulación o elaboración de expedientes posterior a la inversión no es más que una mera especulación sin fundamento que la empresa niega con total rotundidad". Invercaria insiste en que "siempre ha colaborado y continuará colaborando con el Juzgado de Instrucción número 16 en el envío de la documentación y archivos que le sean solicitados" y reitera que "jamás ha ocultado ni manipulado ningún documento". Además, aclara que el juez encargado del caso nunca "ha tenido que reiterar una solicitud de envío por falta de documentos, ya que la actitud ha sido siempre colaborativa para aclarar lo antes posible la investigación". DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Ha recordado asimismo que la empresa pública no está personada en la instrucción de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla por lo que, únicamente, tiene acceso a los atestados policiales a través de lo aparecido en los medios de comunicación. Considera que "el desconocimiento mostrado y recogido en los atestados acerca de los procedimientos de inversión de empresas públicas de capital riesgo que operan en el sector privado resulta, cuanto menos, sorprendente y en ningún caso, este desconocimiento debería repercutir en sospechas de delito hacia la compañía pública". Directivos y técnicos de Invercaria han explicado cuáles han sido los distintos procedimientos y autorizaciones que se han requerido en todos los períodos de inversión, "pero aun así, se siguen elaborando atestados que esgrimen valoraciones subjetivas e ideas confusas acerca de cómo se realiza una inversión con instrumentos financieros de capital riesgo". Invercaria ha reiterado también en distintas ocasiones que, en  muchas de sus inversiones, "ha operado con inversores privados e invierte en empresas en las que participan también entidades financieras y sociedades de capital riesgo, incluso, procedentes de otras comunidades autónomas". Su actividad se audita anualmente por compañías externas y tiene todos sus fondos regulados por la CNMV. De esta forma, ha asegurado que sus operaciones "se realizan con total transparencia y todas son elevadas a público ante notario, por lo que no se pueden manipular o modificar". De hecho, precisa que el informe de la Cámara de Cuentas concluye que "los estados financieros de Invercaria expresan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la compañía". Por lo tanto, la empresa pública solicita rigor y exactitud en el análisis de las operaciones y "critica que los comentarios subjetivos que recogen los atestados perjudican gravemente la imagen de la empresa e insinúan delitos graves que jamás se han cometido". En el caso particular de la empresa Kandor Graphics, Invercaria ha precisado que la documentación "se envió puntualmente al Juzgado número 16 de Sevilla en cuanto fue requerida", pero el atestado "insinúa que los documentos se fabricaron con posteridad a la inversión, cuando lo que realmente se hizo fue reorganizar toda la documentación a los efectos de estructurarla para su carga en un nuevo sistema informático". Ha precisado que "se puede comprobar tanto en la fecha informática de elaboración de los documentos como en las fechas de los correos electrónicos, que no se ha elaborado ni realizado ningún documento con fecha posterior para justificar nada; es una absoluta falsedad que no se corresponde con la realidad". TREWA Asimismo, ha explicado que en octubre de 2010 se constituye el Fondo de Capital Jeremie, y a partir de ese momento, todas las inversiones de dicho fondo se realizan conforme a un procedimiento predeterminado por dicho fondo. Además, de manera paralela se pone en marcha una herramienta para la gestión de proyectos de inversión, denominada Trewa, que se ajusta a los parámetros definidos en los procedimientos de Jeremie. En ese momento, por parte de Invercaria se decide que todos los expedientes anteriores a la creación de Trewa fueran cargados en la herramienta para optimizar el trabajo. Para llevar a cabo dicha carga de documentos era necesario revisar toda la documentación colgada en la red pública de la empresa y clasificar los documentos. Ha reiterado que "en ningún caso se manipuló, ni fabricó documentación alguna, sino que se trata, simplemente, de una mera organización documental que, como es obvio, no constituye delito alguno". Considera "extraño, cuanto menos, que aun habiendo explicado y demostrado que se trató únicamente de una clasificación de documentos, los atestados continúen recogiendo valoraciones que no se ajustan a la realidad". "Invercaria jamás ha pretendido obstaculizar el trabajo del Juzgado de Instrucción número 16 y, muy al contrario, siempre ha mostrado disponibilidad absoluta en el esclarecimiento de los hechos y colaboración con la justicia", han añadido las fuentes, quienes apuntan que, en el caso de Kandor, se ha remitido al Juzgado documentación relativa a escrituras de constitución de la compañía, planes de negocios, balances, propuestas de inversión, actas de aprobación, las cuentas anuales y todo lo necesario para la aprobación de cualquier operación en la empresa pública, una documentación aportada al Juzgado por Invercaria, "como se ha hecho con todos los archivos que le han sido requeridos a la empresa pública".