Trabajadores de la TG7, la televisión municipal de Granada (TG7), han puesto en jaque al equipo popular del Ayuntamiento. Hace unos días denunciaron la manipulación informativa y presiones laborales que venía sufriendo la plantilla. Y cinco empleados fueron despedidos. Este viernes han acudido a la Inspección de Trabajo para pedirle que investigue la presencia de ‘intrusos’ en el censo de trabajadores de la empresa que presta el servicio de televisión al Ayuntamiento de Granada, Central Broadcaster Media. Los empleados despedidos de la televisión pública municipal han empezado a tirar del hilo y han detectado que en el censo de trabajadores aparecen personas sin ninguna vinculación real con la TG7. “Aparecen como trabajadores aunque jamás han aparecido por el puesto de trabajo ni han realizado trabajos para la empresa”, afirman. UN PERIODISTA INVISIBLE En concreto, los trabajadores despedidos han denunciado la presencia en el censo electoral del periodista José Antonio Paredes Fajardo, una persona que aparece en este censo como redactor desde el 8 de octubre de 2014 hasta la fecha pero del que no hay constancia alguna ni de asistencia al trabajo ni que haya realizado ningún tipo de tareas. Los profesionales despedidos han mostrado su profunda preocupación ante unos hechos que han tildado como “muy graves” y han instado al concejal responsable de la televisión municipal, Juan Antonio Fuentes (PP), así como a su directora, Cristina García Carmona, a que expliquen por qué esta persona está contratada en la televisión municipal, que paga el Ayuntamiento granadino con dinero público, sin tener ninguna función. Según los despedidos, “los hechos son más graves aún ya que se ha dado la circunstancia de que este presunto trabajador de TG7 fue nombrado, ayer por su edad, como miembro de la mesa electoral para la celebración de elecciones sindicales en el centro de trabajo de la televisión municipal entre los trabajadores de la empresa CBM. “Al conformarse la mesa observamos con sorpresa e indignación que José Antonio Paredes Fajardo acudió a la televisión para conformar la mesa, a pesar de que a nadie en la empresa le consta que sea trabajador de la misma ya que jamás ha aparecido por estas instalaciones ni se ha emitido nunca trabajo alguno realizado por él desde que está contratado”, han asegurado los trabajadores despedidos. También han exigido a los responsables municipales que expliquen a la ciudadanía si el caso de José Antonio Paredes es único o existen, o han existido, otros trabajadores o trabajadoras en circunstancias similares. PRESIONES Y MANIPULACIÓN Con la denuncia presentada hoy ante la Inspección de Trabajo, el escándalo de la televisión municipal comienza a adquirir proporciones mayúsculas. Hace escasos días, después de que el PP perdiera la mayoría absoluta en Granada, los profesionales de la TG7 hicieron público que han sufrido durante años presiones laborales, manipulación informativa y una absoluta falta de libertad para realizar su trabajo. Entonces denunciaron la existencia de continuas directrices políticas marcadas desde el Ayuntamiento y la creación de un clima de trabajo basado en imposiciones, amenazas y un trato que, en ocasiones, llegaba a rozar la humillación. Según la versión de los profesionales, la situación empeoró con la decisión de los trabajadores de constituir un comité de empresa. La rebelión de los empleados, su denuncia pública y las críticas a los tejemanejes del PP granadino fueron castigadas con despidos. Los trabajadores esperaban que nuevo escenario político surgido tras las elecciones municipales y la entrada de Ciudadanos en corporación municipal permitiera un cambio en el trabajo cotidiano de los profesionales. Estalló así un conflicto que estaba larvado. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN La oposición municipal había denunciado en el anterior mandato la manipulación informativa de la TG7, pero los trabajadores no se habían atrevido a sacar a la luz lo que estaba sucediendo hasta que no cambió el panorama político. Tras la denuncia pública, tanto el PSOE como IU han pedido responsabilidades al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, por la situación de “acoso y humillación” que vienen sufriendo los trabajadores de la televisión municipal. Los dos grupos han solicitado una comisión de investigación y la readmisión de los despedidos y CCOO ha anunciado que pedirá la nulidad de los depidos por vulneración de los derechos fundamentales. La televisión municipal TG7 se nutre de fondos públicos. El Ayuntamiento de Granada, endeudado hasta la médula, aporta cada año 1,2 millones de euros para financiar el déficit de la TG7. La Diputación, gobernada por el PP en el último mandato, también aporta 260.000 euros al año. El resto lo asumen empresas mixtas, como Emasagra (la empresa municipal de aguas) o Inagra, (la concesionaria del servicio de limpieza), que aportan cada una 30.000 euros al año. También contribuyen con la financiación del canal de televisión municipal entidades financieras, como CajaGranada, que aporta 40.000 euros al año, o La Rural, con 30.000, y alguna que otra empresa privada que realiza sus aportaciones a cambio de publicidad. En realidad, algunas fuentes sostienen que la TG7 se creó como aparato de propaganda del PP, a instancias del por entonces líder del partido en Andalucía, Javier Arenas, quien en víspera electoral pidió a los presidentes provinciales que pusieran en marcha televisiones locales como contrapeso político a Canal Sur.