La gestión sanitaria continúa salpicada de sombras e irregularidades en Andalucía. La derivación a la privada de servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con precios inflados y los cientos de millones de euros que fluyeron de las arcas públicas a entidades privadas bajo el paraguas de los contratos por emergencia COVID continúan dando quebraderos de cabeza al gobierno de Moreno Bonilla.
Las exigencias y regulaciones administrativas estaban a dieta para digerir el atracón de necesidades que provocó el COVID en nuestro sistema sanitario, sin embargo, la Junta de Andalucía no cumplió con su propia regulación en estos polémicos contratos. No se dio cuenta al Consejo de Gobierno en plazo. No se cumplió con el proceso colegiado de toma de decisiones y transparencia en la asignación a dedo de contratos por más de 200 millones de euros a lo largo de tres años.
Por Decreto Ley, el 16 de marzo de 2020 se anunciaron medidas de apoyo financiero y tributario y la agilización de procesos administrativos en la emergencia de la pandemia; pero este Decreto marcaba algunas reglas mínimas: las medidas podrían ser trasladadas al Consejo de Gobierno a posteriori, dado el contexto de emergencia en la pandemia. Pero siempre, deberían anunciarse por el consejero del ramo en un plazo máximo de seis meses para confirmar la existencia de un crédito adecuado y suficiente. Los contratos de la sanidad andaluza con la privada llegaron al Consejo de Gobierno hasta once meses más tarde.
La asistencia sanitaria complementaria para el SAS que contrataba a entidades externas la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos por sobrecarga de la pública se data en enero, pero no llega hasta el 28 de diciembre de ese año al Consejo de Gobierno que, a todas luces, oficializó una decisión más que tomada y asumida. De paso, esta ausencia en el orden del día del Consejo deriva en que esos contenidos no pudieron ser expuestos a los medios de comunicación y a la sociedad en la rueda de prensa que da parte de los consejos.
243 millones que fluyeron sin control
Entre esos expedientes que llegaron tarde al Consejo de Gobierno, además, se mezclaron contratos que respondían a necesidades distintas, como los procesos quirúrgicos y analíticas referidas, pero también cribados o unidades móviles para vacunación.
Los contratos con la sanidad privada desvelados por El Diario seguían la pista de un método de contratación que inicialmente se cifraba en torno a 117 millones de euros. Una cantidad alta que, a lo largo de tres ejercicios, podría superar los 240 millones de euros. Los contratos, bajo el amparo de la suspensión de requerimientos administrativos del Real Decreto-ley 7/2020, se prolongaron hasta después de mayo de 2021, a pesar de que, entonces, el BOE derogó el atajo legal del Real Decreto.
El baile de cifras tiene una enorme horquilla de decenas de millones de euros, ya que los contratos no están expuestos en su totalidad en el portal de licitaciones, pero el procedimiento ha llegado hasta este verano, a pesar de la existencia de informes de la propia Dirección General de Contratación de la Junta de Andalucía que advertían, ya en junio de 2021, que el volumen de contratación no era “conciliable con la situación actual de la pandemia”.
Desequilibrio a favor de la privada
El malestar en los sanitarios andaluces ha marcado los últimos cursos, con distancias en la mesa sectorial de sanidad y continuas manifestaciones de las principales entidades de representación. El baile de cifras millonarias que ha llovido sobre la privada. Vino sucediendo en las mismas fechas en las que el SAS despedía a 8.000 sanitarios de refuerzo contratados con los Fondos Covid.
Además, la Junta levantó ampollas en los sectores más precarizados de la sanidad pública cuando tarifó los servicios que derivaba a la privada con precios inflados, como denunciaron los sanitarios. El malestar y el distanciamiento tiene síntomas claros, como el hecho de que un gerente regional del SAS en Osuna (Sevilla) pida a directores y coordinadores de atención primaria que, en cuanto haya más concentraciones, se llame directamente a la Guardia Civil.
La oposición denuncia el secretismo de la Junta
Desde las filas socialistas lamentan los prolongados silencios del gobierno ante las demandas de información. La falta de transparencia es una pauta constante en el ámbito sanitario, de hecho, califican de veto a la fiscalización de los grupos parlamentarios la respuesta de la Junta. “No quiere hablar” de las contrataciones irregulares del SAS y eso es “gravísimo”, denuncian desde el PSOE–A.
“No damos crédito a que nos veten la preguntan al presidente de la Junta sobre los contratos irregulares de emergencia con argumentos como que el presidente no tiene que posicionarse sobre asuntos jurídicos” dice la portavoz socialista, Ángeles Férriz. Los socialistas han llegado a reformular la pregunta en cuatro ocasiones, pero la cuestión no ha sido tramitada por la Mesa del Parlamento de Andalucía.
Mientras, Andalucía cuenta con 4 provincias de las 11 peores, en el ranking de la Sociedad Española de Medicina de Familia y comunitaria (Semfyc), que viene alertando desde el final de la pandemia de la necesidad de 10.000 nuevos médicos en el Sistema Nacional de Salud.
