Fueron casi cuarenta años los transcurridos desde el Golpe Militar de 1936 perpetrado por un grupo de militares españoles fascistas y el regreso de la democracia a nuestro país con la aprobación sin apenas rechazo parlamentario de la Constitución Española de 1978.

Atrás quedaron cuarenta años de barbarie y muerte durante los que se cometieron multitud y variados delitos contra la Vida y la Libertad de muchos españoles y españolas defensores de la legalidad vigente durante la IIª República, a manos de grupos de militares y paramilitares fascistas exaltados y financiados por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler andaban deseosos de sangre caliente y con prisas de controlar el poder por la vía rápida.

Todos esos delitos cometidos para someter al pueblo español fueron crímenes de lesa humanidad: 120.000 asesinados o desaparecidos (casi 55.000 en Andalucía); miles de encarcelados y torturados; 700.000 presos esclavos en campos de concentración repartidos por toda la geografía española; 2.400 fosas comunes en toda España; 60.000 bebés robados a sus padres biológicos; exterminio ideológico; persecución y represión por razones sexo-afectivas; apartheid sanitario; depuración de profesionales (especialmente de maestros y médicos no adeptos al Golpe Militar; 80.000 exiliados; …

Pero a todos ellos habría que sumar unas pésimas condiciones de vida (hambruna y enfermedades) y una brutal represión económica que condenó a sus víctimas a la miseria (multas; expedientes de incautación de bienes; expedientes de responsabilidades políticas).

En cambio, sus culpables, los militares golpistas, quedaron impunes. Y no sólo eso, los máximos responsables (Franco, Queipo de Llano, Bohórquez Vecina, Milans del Bosh, Moscardó) a su muerte fueron enterrados con honores y en lugares preeminentes con exposición pública. ¿Cómo se puede ser tan generoso ante tamañas atrocidades?

Es necesario, por tanto, conocer para no volver a repetir los errores del pasado. Buscar la forma de avanzar en las garantías de no repetición porque a pesar de la crueldad y la magnitud que consiguió alcanzar la represión franquista durante la Guerra Civil y la Dictadura, la derecha española jamás ha mostrado el menor interés en implementar políticas públicas que nos permitan conocer lo que ocurrió con sus víctimas, con la reparación de la memoria de éstas y con la adopción de medidas para evitar episodios similares.

En cambio, cuando otros se han preocupado para ponerlas en marcha, el papel de la derecha siempre ha sido disruptivo con estas iniciativas. Excepto si estas no fuesen lo que ella entiende son agravios a la memoria de los culpables.

Mientras tanto, España no se podía permitir seguir posponiendo la aplicación de los principios fundamentales del Derecho Internacional de protección de los Derechos Humanos ni seguir honrando a los culpables de aquellos delitos que se estaban llevando a cabo contra multitud de españoles libres y demócratas.

Así, hemos visto cómo la derecha abolió de facto la Ley de Memoria Histórico de 2007 dotando presupuestariamente con cero euros su puesta en marcha; o cómo el actual Gobierno andaluz se ha olvidado de la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática de 2017.

Pero sabíamos que esas actuaciones reparadoras llegarían cuando hubiese una voluntad  política sin medias tintas y contásemos con una democracia fuerte.

Y así fue cuando el pasado 21 de octubre entró en vigor una Ley de Memoria Histórica y Democrática que siguiendo lo dictado por el Derecho Internacional de protección de los Derechos Humanos y por los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición; contó con el suficiente apoyo parlamentario a pesar de los votos en contra de las derechas. Alguna vez tendrán que explicar sus ambigüedades e indefiniciones al respecto. 

Ha  sido así cómo la Democracia y el cumplimiento de la ley lo que ha puesto cada cosa y a cada cual en el lugar que le corresponde  y apartarlos de donde no.

Así pues, los autores del Golpe Militar comienzan a abandonar el lugar y los honores que se reservaron para sí mismos en su relato histórico. 

En cambio, son los que hace ochenta años pagaron con su Vida la defensa que hicieron de la Libertad y la Democracia. De esta forma, son ellos los auténticos y legítimos merecedores del reconocimiento del pueblo español y sus instituciones. 

Se lo debemos.

(*) Antonio Manuel Mateos es portavoz de la Coordinadora Andaluz de Memoria Histórica y Democrática (COAND-MHD).