Castilla y León movió esta semana la primera ficha de un partida electoral que anticipa un 2026 de infarto. El primer foco será en la autonomía y quién sabe si Andalucía y Moncloa pulsan el botón electoral para coincidir en su guerrilla particular. En cualquier caso, alejados del chau chau del ciclo, Alfonso Fernández Mañueco espera llegar al 15 de marzo con el objetivo de retener la Junta bajo su influjo y, a ser posible, de superar a un Vox mermado por las cuitas internas, pero con el espaldarazo del escaparate nacional. La cuestión es que la cita, señalada en rojo por todos los actores políticos, coincidirá con los ecos del juicio por la trama eólica. O lo que es lo mismo, el caso de corrupción más importante de la región y que toca tangencialmente al presidente autonómico y candidato del Partido Popular.
Lo que puede salvar las opciones del presidente de la Junta de Castilla y León es que, presumiblemente, para el Día D no esté el proceso visto para sentencia. Un juicio que contará con sesiones de aquí al próximo mes de enero de 2026, por lo que la campaña electoral estará profundamente influida por las averiguaciones que traspasen las paredes de los tribunales. Aun sin sentencia firme sobre la mesa, el ruido y peso del titular es considerable. O al menos puede serlo para un candidato que fue el titular de la Consejería de Presidencia del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera durante el periodo que investiga la causa que tiene a Rafael Delgado – a la sazón, exviceconsejero de Economía – como protagonista absoluto. De hecho, sobre él recaen los 42 años de cárcel y los 200 millones en multas que reclaman desde la Fiscalía.
Si bien el actual presidente de la Junta de Castilla y León no está entre los galardonados con la imputación, sí ocupaba un puesto de responsabilidad en el Gobierno de Herrera al dirigir la cartera de Presidencia. El cargo más cercano al jefe del Ejecutivo, de hecho. Mañueco podría librarse de sentarse en el banquillo durante los cuatro meses que se prevén que duren las sesiones de un juicio cuya sentencia podría postergarse – con toda probabilidad – hasta después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.
Pero el barón popular se enfrentará a una campaña que a todas luces situará el foco en el mayor escándalo de corrupción de la historia de la región. Sobre todo porque, aunque sea de manera tangencial, le salpica como destacado miembro del equipo de Gobierno de su antecesor; lo cual ya deja a la oposición en una situación ventajosa de cara a la precampaña y sobre todo en el esprint final de la campaña electoral.
El contexto es importante y es lo que ahora presiona a un Alfonso Fernández Mañueco que se libró de la red de la imputación, pero habrá que ver cómo sortea el peso del titular a las puertas de una campaña electoral en la que no sólo ha de contener el resurgimiento de la ultraderecha; también de un PSOE con aires renovados en la región.
Este es el escenario que se cierne sobre un Mañueco que, entre los años 2003 y 2011, asumió la consejería de Presidencia de la Junta de Juan Vicente Herrera. Es decir, durante la época en la que se produjeron la mayoría de las autorizaciones investigadas. Si bien es cierto que el actual jefe del Ejecutivo autonómico no figura en la causa, la oposición se ha encargado de señalarle en reiteradas ocasiones por su responsabilidad política al formar parte de un equipo de Gobierno que permitió el desarrollo de la red corrupta.
A pesar de que Mañueco siempre ha resuelto el asunto con el clásico “los corruptos deben pagar por sus actos” y el no menos manido “será bajo el criterio de la Justicia”, los grupos de la oposición – incluidos sus socios – abonan el terreno para marcar la agenda autonómica con esta cuestión y, sobre todo, amplificar la sombra de la sospecha sobre una figura que integraba el núcleo del poder regional en aquella época. Más allá de que, a raíz de aquello, ascendió hasta el primer escalafón del organigrama popular en Castilla y León. Incluso desde las formaciones progresistas se abunda en la idea de que el presidente de la Junta ni tan siquiera ha asumido la responsabilidad política del caso en clave partido. Un modus operandi que se repite en Génova y el resto de sus sucursales, tal y como denuncian desde el Partido Socialista.
Un sumario de 11.000 folios
El caso en cuestión ni mucho es baladí. Tampoco se entiende así ni tan siquiera en la orilla del Partido Popular. Y es que el epicentro de la trama giraba sobre la figura del exviceconsejero de Economía del Gobierno de Herrera, Rafael Delgado. Se le señala como el principal investigado y el cerebro de una red que amasó una cantidad próxima a los 75 millones de euros. Junto a él, se desprenden los nombres de empresarios como Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, para quienes se piden 12 años y 68 y 14,5 millones de euros de multa, respectivamente. También emergen los nombres del abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio más 25 millones de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.
El elenco del juicio lo completan otros ocho imputados con seis años de cárcel de solicitud, como es el caso de Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de multa; Rafael Icaza, también de Ibercyl y para el que se solicita idéntica pena; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa, a los que se piden 45 millones de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones, mientras que para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, interesa cuatros años de cárcel y 215.000 euros.
El sumario, de más de 11.000 folios, refleja cómo durante años se habrían tejido redes de favores en los despachos de la Consejería de Economía. Según Anticorrupción, los promotores energéticos se vieron forzados a aceptar la entrada de compañías locales en sus sociedades como condición indispensable para obtener las autorizaciones. El procedimiento, aseguran, no respondía a criterios técnicos sino al interés de beneficiar a determinados
Las eólicas, en el punto de mira
El caso judicial abre además un debate de fondo: la necesidad de mayor transparencia en el desarrollo de las energías renovables. Castilla y León, que durante años se situó como referente europeo en generación eólica, ve ahora cómo su prestigio queda en entredicho por un proceso que amenaza con ensombrecer esa trayectoria.
El modelo que en su día atrajo inversiones millonarias se plantea hoy como un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden ser absorbidas por intereses privados cuando faltan controles eficaces. Los municipios rurales, que en su momento recibieron los parques eólicos con la expectativa de crecimiento económico y creación de empleo, observan con recelo un procedimiento que, según se investiga, pudo haber favorecido más a despachos y empresas cercanas al poder que a las propias comunidades locales.
