La magistrada que instruye el caso por fraude fiscal contra el empresario, Alberto González Amador, ha rechazado el recurso de la defensa del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que trataba de retrasar su juicio en una providencia emitida este lunes. El bogado de la pareja de Ayuso pretendía que la magistrada dejara en suspenso la causa mientras la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso presentado contra el auto de incoación de procedimiento abreviado, o lo que es lo mismo, el auto por el que la juez sienta en el banquillo al empresario.
De hecho, y aunque la defensa ha intentado retrasarlo, la ley premite a la juez emitir el auto de apertura de juicio oral aunque la Audiencia de Madrid no haya resuelto el recurso presentando por el abogado de González Amador, ya que no son suspensivos, tal y como le ha recordado la magistrada en la providencia a la que ha tenido acceso ElPlural.com. El auto de apertura de juicio oral es irrecurrible por la defensa.
Peticiones de cárcel
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por el fraude fiscal de 350.910 euros. La Fiscalía solicita esta pena en su escrito de acusación previo a que el empresario se siente en el banquillo por presuntamente haber defraudado a través de un sistema de facturas falsas entre 2020 y 2021. No obstante, esta acusación no impide que González Amador intente alcanzar un acuerdo de conformidad para reducir la pena, siempre que se cierre antes del juicio oral.
En concreto, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid solicita que Alberto González Amador sea condenado por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Así, solicita dos años y un día de prisión por la cantidad defraudada en 2020, y un año y nueve meses por lo correspondiente a 2021. En el escrito, el Ministerio Público marca también como posible atenuante la consideración de que el daño está ya reparado, puesto que González Amador ingresó ya la cantidad presuntamente defraudada.
Según argumentan la Fiscalía y la juez que le investiga, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, el empresario usó un sistema de facturas falsas para endosar gastos ficticios a sus empresas y, en la práctica, reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades. Entre 2020 y 2021, según la Fiscalía, dejó de ingresar en total más de 350.910 euros, superando el umbral del delito fiscal en ambos cursos.
