En la reciente campaña para las municipales, autonómicas y europeas, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, abrió una polémica al cuestionar las donaciones de la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública española, que se resume en “más tributar y menos donar.”
La ocurrencia de la política de Unidas Podemos, creo, perjudicó los resultados de su partido en una coyuntura en la que ya tenía varios frentes abiertos. El reproche al dueño de Inditex era un eslabón de la cadena iniciada tras el incendio en la catedral de Notre Dame, en la que Francia Insumisa, la formación homóloga de Podemos en el país vecino, también salió al paso del anuncio de las grandes fortunas francesas de donar millones de euros para la restauración del monumento dañado.
Ayer mismo veía en el cristal de un taxi en Sevilla un letrero con la leyenda: “Somos un servicio público, tributamos aquí, no en paraísos fiscales.”
Estos hechos ponen sobre la mesa la necesidad de evaluar el impacto de las inversiones “sociales” o de responsabilidad social corporativa de las grandes empresas y sus fundaciones con los mismos criterios y exigencias de transparencia y rendición de cuentas con los que se analizan las cuentas de las administraciones públicas.
Cuando los conglomerados multinacionales gestionan presupuestos que superan a los de muchos países del planeta y sus decisiones afectan a miles de millones de personas, sus cuentas no pueden sustraerse al escrutinio público.
No basta con la publicidad de las grandes cifras de lo que gastan las fundaciones empresariales en sus proyectos sociales, hay que saber cuáles son las balanzas fiscales de esas empresas en los distintos territorios en los que actúan. Si el retorno es equitativo y justo en función de sus cifras de negocio en cada país. Lo mismo podríamos exigir a las fundaciones bancarias españolas sobre sus inversiones en cada comunidad autónoma. Porque hay que evitar que el dinero que se destina a fines comunitarios, éticos o medioambientales contribuya a consolidar la desigualdad y la brecha entre regiones y sectores sociales.
