La información la desvelan hoy el periódico El Mundo y el digital InfoLibre. El empresario Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, forma parte del entramado empresarial objeto de las investigaciones de la Agencia Tributaria en torno a Rodrigo Rato al presidir una sicav del exministro de José María Aznar. Las cuentas de Rato fueron bloqueadas de manera fulminante por el juez Enrique de la Hoz a propuesta de la Fiscalía de Madrid, que, a instancias de la Agencia Tributaria, lo investiga por alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y delito fiscal. Santiago Cobo es el presidente la sicav de Rodrigo Rato Donald Inversiones SA. Según una información de InfoLibre firmada por Alicia Gutiérrez, esta sociedad está controlada por tres empresas del entramado familiar de Rato y tiene a Santiago Cobo como su máximo representante de su consejo de administración desde el año 2008. El nombre de Cobo ya circuló con intensidad a principios de la década de 2000 como supuesto testaferro de Rodrigo Rato en determinados negocios. De hecho, es bien conocida la amistad del matrimonio afincado en Cádiz con el exdirector del Fondo Monetario Internacional. En medios políticos y periodísticos se atribuye a la influencia de Rato la entrada en 2002 de su amigo Santiago Cobo como consejero independiente en el consejo de administración de Gas Natural-Fenosa, donde ha permanecido doce años a lo largo de los cuales ha percibido 2,25 millones de euros, según desvelada recientemente el periodista Fernando Vicente en Eldiario.es. ¿QUÉ SON LAS SICAV?  Las sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) son en principio un instrumento de inversión colectiva que exigen un capital mínimo de 2,4 millones de euros, pero cuyas operaciones tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades en lugar de al 30%, siempre y cuando el dinero no se mueva. Cuando el capital se devuelve al dueño es cuando hay que pasar por Hacienda, pero incluso entonces se tributa igual que unas acciones, es decir, entre un 21% y 27%. Las Sicav son vistas por muchos colectivos y agentes fiscales y económicos como un mecanismo de evasión de impuestos de las grandes fortunas. También se pone en duda que el centenar de socios exigidos sean reales.