José María García Urbano es el alcalde de Estepona (Málaga). El regidor popular contrató a una persona como cargo de confianza para supervisar la limpieza de calles, iluminación de farolas, situación de papeleras y estado de las macetas que engalanan la ciudad. Asesoría por la que la designada percibía 3.600 euros al mes. O lo que es lo mismo, 5.200 euros por los 48 días que estuvo en nómina. Según publica eldiario.es, coincide que dicha persona mantenía por aquella época encuentros sexuales con el primer edil. Fue la pareja de ésta, un policía local, la que, según denunció ante un juzgado, trataba de averiguar si tales relaciones fueron forzadas por las amenazas del conservador, tal y como exponen los denunciantes.
El regidor compareció este lunes ante un juzgado de Estepona, que investiga si malversó al fichar como asesora a C.P.B. Según precisa la información citada, ella misma habría asegurado ante el juez que no trabajó y ni tan siquiera llegó a personarse en el ayuntamiento, aunque sí ejerció tareas comunes. García Urbano incidió en su declaración en que la denuncia por malversación carece de “fundamento” alguno, alegando que el Consistorio aportó la documentación “requerida” y que, a su vez, ratifica que “no existe ningún delito ni irregularidad” en las contrataciones; por lo que la defensa del primer edil solicitará el archivo de todas las diligencias.
Al margen de lo presuntamente delictivo de estas actividades, queda reflejado que García Urbano contrató por más de 5.000 euros por mes y medio de trabajo a la mujer que ahora admite haber mantenido relaciones sexuales con él bajo coacción. Independientemente del delito sexual, se investiga si existió malversación al pagar dinero público a una persona carente de formación para la tarea asignada. Según la versión que quedó recogida en la denuncia del acoso sexual, se reflejaban pagos personales por parte del primer edil, quien sufragaba 2.000 euros ala pareja con el fin de que ambos pasaran el mayor tiempo posible en Estepona y le buscó un piso de alquiler en el edificio Panorama de la avenida de España.
48 días, 5.000 euros
Las pesquisas judiciales arrinconan al alcalde García Urbano, quien hasta hace no mucho tiempo era un valor al alza en el partido Popular. La instrucción partió de a denuncia un policía local que aseguraba haber sido forzado, junto a entonces su pareja – C.P.B. – a participar en encuentros sexuales con el regidor bajo la amenaza de represalias laborales si no accedía. Pese a las peticiones de archivo por parte de la defensa, la causa permanece abierta tras la testifical del policía local, la mujer y las declaraciones del propio alcalde; aunque se ha abierto una pieza separada por presunta malversación.
Esta segunda investigación nace de la declaración de la asesora en el caso primigenio, al revelar en sede judicial que fue fichada por el alcalde como cargo de confianza y, al mismo tiempo, asegurar que jamás trabajó de facto para el Ayuntamiento. De hecho, se integra en la corporación a tres meses y medio de las elecciones, momento en el que se cesa por ley a todos los cargos de confianza. A tenor de esta declaración, el instructor abrió una investigación paralela y urgió al consistorio a que remitiese toda la documentación relativa a la contratación, además de “expedientes en los que esta haya intervenido”. En otras palabras y contradiciendo la versión que emana del entorno de García Urbano, la causa no la motiva ninguna denuncia del Partido Socialista.
En la documentación remitida por el ayuntamiento, según eldiario.es, se referencia todo tipo de explicaciones, pero no existe ninguna tarea concreta que fuese desempeñada por C.P.B. en el mes y medio que estuvo contratada como asesora del área de Control Externo y Proyectos Estratégicos. Un departamento que se encarga de vigilar el “buen funcionamiento” de los servicios públicos externalizados. La mujer tenía “funciones propias de asesoramiento especial y confianza”, percibiendo un montante de 5.276,92 euros.
En otro de los documentos recabados por el magistrado, el responsable del área, Blas Ruzafa, asegura que su equipo lo componen cuatro técnicos, tres administrativos y un inspector, aunque admite que a veces es imperativo reforzarlo y, para ello, se recurre a los cargos de confianza y asesoramiento. En este sentido, justifica que este tipo de personal “no suele gestionar expedientes administrativos”, por lo que no existiría comprobante alguno de su desempeño profesional. “Fue contratada para recabar información sobre el estado de la limpieza viaria, iluminación, ornato de la jardinería y mobiliario urbano”, esgrime el edil del ramo, reforzando su argumentación de que se contrató a una auxiliar de enfermería sin cualificación porque se le asignaban “tareas apreciables a simple vista y que no requieren de cualificación técnica”.
La explicación que ofrece el concejal redunda en que para vigilar el cumplimiento de las contratas -el consistorio tiene prácticamente todo externalizado-, el consistorio contrató a una asesora como cargo de confianza para después asignarle labores comunes. En otro de los documentos remitidos al instructor, firmado por el Jefe de Recursos Humanos, se precisa que no existe registro horario porque, a diferencia del personal laboral, para el funcionario -de confianza y eventual en el caso que compete- “no resulta estrictamente obligatorio” llevarlo. La tercera vía es la versión ofrecida por la propia mujer, quien insistió en que se la contrató pero no hizo nada ni acudió al ayuntamiento.
Llama la atención, en este sentido, que no existió tampoco un informe de Recursos Humanos ni tan siquiera motivación. Así, la mujer estuvo contratada desde el 13 de febrero al 30 de marzo de 2023. Un total de 45 días, aunque la cuantía abonada se corresponde a 48 días de trabajo. El día de su contratación, el alcalde firmó el Decreto de nombramiento y C.P.B. tomó posesión de su cargo; aunque el Ayuntamiento aún no ha entregado el supuesto informe de RR.HH. a pesar de las demandas del juez. Cabe indicar que la contratación de cargos de confianza va por defecto al área de Servicios Generales, aunque “excepcional y motivadamente” puede asignarse a otra área. No obstante, el nombramiento no incluyó motivación.
La defensa del alcalde
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona recibió este lunes al regidor del municipio, en el marco del proceso judicial por presunto acoso sexual a un policía local. Según transmiten desde la oficina de García Urbano, lamentan la “campaña política que PSOE y Vox” han trasladado a los tribunales con “el único objetivo de dañar” su imagen personal y su trayectoria política. Exponen que ambas fuerzas políticas “van de la mano” e incluso señalan a los ultraderechistas por personarse representados por el mismo abogado de los denunciantes, lo que supone, a su juicio, la connivencia entre todos ellos con la única y clara “finalidad espuria de dañar” al primer edil.
Defiende que todo ha nacido de una “denuncia sin fundamento” y justifica que el consistorio ha entregado toda la documentación requerida. Por su parte, desde el PSOE insisten en que el Partido Popular “no debe mirar hacia otro lado” porque los hechos por los que se imputa al regidor “son extremadamente graves”.
