Le ha costado a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena decidirse a retirar los restos del insigne cofrade y criminal de guerra Gonzalo Queipo de Llano del lugar preeminente que ahora ocupan en la popular basílica sevillana.

Después de Semana Santa, Queipo no abandonará materialmente la basílica, pero sus restos serán trasladados al columbario construido en la sacristía, un espacio mucho más discreto que la vistosa tumba que, como los reyes y nobles de antaño, ocupa en una de las capillas públicas la iglesia.

La promulgación de la ley andaluza de memoria, combinada con la presión sostenida del movimiento memorialista primero, del Ayuntamiento socialista de Sevilla a instancias de Izquierda Unida más tarde y de la Junta de Andalucía por último aunque con indisimulada tibieza, han logrado por fin que, aun a regañadientes, los dirigentes cofrades se avengan a cumplir una ley que, antes o después, los hasta ahora distraídos tribunales de justicia les habrían obligado a acatar.

En las sucesivas juntas directivas de la Hermandad de la Macarena nunca hicieron mella ni los argumentos memorialistas, ni las razones democráticas, ni las apelaciones meramente humanitarias de los familiares de las víctimas para que la entidad religiosa dejara de honrar a quien se atribuyen decenas de miles de muertes de civiles: solo en Sevilla ordenó fusilar a 8.000 personas, ‘hazaña’ a la que sumaría otras como el bombardeo de quienes huían inermes y en desbandada desde Málaga a Almería en febrero del 37.

El historiador José María García Márquez, experto en el brutal espadón africanista, atribuye 12.854 “casos documentados” de víctimas asesinadas a quien años después patrocinaría la construcción de la basílica de la Macarena y crearía una fundación para “amparar y proteger a la infancia desvalida”.

Esto declaraba su actual hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, a Canal Sur en octubre pasado: “Cuando la Hermandad tenga las disposiciones que regulen la retirada de los restos y las instrucciones oportunas y precisas bajo el precepto legal, no se tendrá ningún problema en proceder”. 

A ese vacío reglamentario de la ley se ha venido agarrando la hermandad para cerrar a los ojos a la claridad inequívoca del punto 4 artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía: “Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Fernández Cabrero siempre se ha mostrado, ciertamente, partidario de cumplir la ley, pero casi siempre también ha dejado entrever la incomodidad y el fastidio que provocaba en la Junta de Gobierno un traslado que la hermandad acabará materializando, sí, pero por imperativo legal, no por convicción moral.

Poner en un platillo de la balanza su patrocinio a la construcción de la basílica y aun sus obras de caridad y en el otro su historial de genocida y decidir que el peso del primero es superior al segundo, es poner la condición de cofrades por encima de la condición de ciudadanos. Y seguramente la condición de conservadores por encima de la condición de cristianos: cristianos, por cierto, que parecen haber olvidado que la Regla III de la Hermandad de la Macarena dice que esta tendrá como lema la contestación de Cristo a Pilatos: “Yo soy la verdad”.