La construcción de vivienda pública no tiene por qué ser buena per se y muestra de ello es lo que está sucediendo en Madrid con el fiasco del Plan Vive, a través del que Isabel Díaz Ayuso ha lanzado inmuebles con precios muy elevados y requisitos que permiten el acceso a rentas muy elevadas. Sevilla ha decidido emular esta práctica y el Ayuntamiento liderado por José Luis Sanz, miembro también del Partido Popular (PP), ha lanzado 92 “viviendas protegidas” a un precio de hasta 350.0000 euros.
La polémica se ha desatado después de que el líder del Consistorio colocase la primera piedra de la promoción ‘Residencial Cruz del Campo’, impulsada por la empresa pública EMVISESA, junto con la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz. Una vez abierta la convocatoria de acceso se ha conocido que 53 de las viviendas del total contarán con dos dormitorios y cuestan 199.771 euros, cuantía a la que hay que sumar el IVA y otros impuestos que se llevan el montante hasta el entorno de los 220.000 euros.
La cuantía asciende hasta los 260.000 euros para los 32 pisos de tres dormitorios, sin tributos, y a 316.000 euros para los tres inmuebles de cuatro dormitorios (llegando a los 350.000 euros con impuestos), según consta en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que cerrará las inscripciones el próximo jueves, 13 de marzo. Además, por si los precios fuesen poco excluyentes para las clases trabajadoras sevillanas, las limitaciones de acceso también han levantado ampollas por los elevados umbrales de renta permitidos.
Dinero público a las constructoras para que se forren y solo pueda acceder una minoría
Las viviendas de protección suelen estar destinadas para las rentas más bajas, pero en el caso del ‘Residencial Cruz del Campo’ los precios alejan incluso a aquellos que perciben un salario medio sevillano, que se ubica por debajo de los 20.000 euros incluso antes de quitar impuestos, según datos del 2023 del propio Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sin embargo, un ciudadano de la capital andaluza que cobre 53.700 euros podrá acceder a las Viviendas de Precio Limitado (VPL) si así lo desea.
Es decir, un hispalense puede comprarse una vivienda de protección oficial cobrando un sueldo de hasta 4.475 euros al mes. En caso de que la unidad familiar la compongan dos o más miembros, el umbral se dispara hasta los 71.000 euros anuales. Además, estos topes podrán crecer hasta multiplicar siete veces el IPREM si no se adjudican todas viviendas, algo no tan descabellado atendiendo a los precios.
Precios del doble de caros que en 2022
El impulso de vivienda pública en la capital andaluza llevaba tiempo sin producirse, pero se recuperó en 2019 para impulsar una serie de promociones. Tres años después, en otoño de 2022, salieron pisos de cuatro habitaciones en Cisneo Alto, con trastero y garaje como en el anterior caso, costaban menos de 190.000 euros y los inmuebles más baratos se ubicaban por debajo de los 100.000 euros. EMVIVESA ha ido elevando los precios desde entonces, hasta superarse en casi un 50%, lo que ha detonado las críticas.
“¿Quién puede acceder a esos precios?” es la pregunta que más se ha repetido desde las redes sociales hasta el Parlamento de Andalucía. “Con dinero público y de todos pagamos dinero a las constructoras para que pongan vivienda a un precio asequible para la gente que no puede acceder al mercado corriente”, ha explicado José Ignacio García, diputado de Adelante Andalucía, la naturaleza de las VPO. Sin embargo, precios que oscilan entre los 220.000 y los 350.000 euros no parecen cumplir con dicho objetivo.
“Algo está fallando, evidentemente, y por el camino me parece que alguien se está forrando”, ha denunciado el también portavoz de la formación. “Dinero público a las constructoras para que se forren y solo pueda acceder una minoría”, ha resumido. Asimismo, ha denunciado el aumento de los niveles de renta para poder acceder a las VPO, “por tanto son más caras porque gente con más pasta puede acceder”, y el dinero destinado a las constructoras, en vez de levantar la vivienda desde lo público.
