Además de una prolongada tramtiación que durará meses, la futura Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de España tendrá que enfrentarse a un calvario político derivado del rechazo de comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP, que considera la iniciativa un "ataque sin precedentes a la propiedad privada".

El Gobierno andaluz ha expresado este martes en rueda de prensa su rechazo a acotar el precio máximo de la vivienda en alquiler en manos de grandes propietarios, una de las medidas acordadas PSOE y Unidas Podemos para incluirlas en su Ley de la Vivienda. En la misma línea se ha pronunciado la Comunidad de Madrid, que ha dicho defenderá a los propietarios y les "blindará" frente a la ley.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha manifestado que "este Gobierno está en contra del intervencionismo, de la hiperregulación" y ha abogado como medida alternativa a rebajar el precio del alquiler "construir más viviendas públicas y no intervenir en el mercado".

La consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, se pronunció en el mismo sentido: "Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada", dijo en declaraciones a Europa Press, 

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, Bendodo se ha mostrado con cierta cautela para pronunciarse sobre el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos tras apelar a que "se acaba de anunciar y lo primero es conocer el acuerdo, la letra pequeña", para seguidamente poner de manifiesto que esta estrategia de intervención pública en el mercado de la vivienda, "de poner límites, ya ha fracasado en otros países" y ha abogado por que "no venga nadie a inventar la pólvora".

Bendodo ha esgrimido los resultados de la Comunidad Autónoma como fórmula alternativa para subrayar que "en Andalucía existen 3.000 viviendas más en alquiler gracias al Plan Vive".

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.

Establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales" para poder también reducir el precio del arrendamiento.

Según han detallado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, se ha superado el principal escollo que se topó el lunes la negociación con esas obligaciones para grandes propietarios, que quedarán definidos como aquellos que dispongan de 10 o más viviendas. De esta forma, han detallado que habrá retirada a grandes tenedores de "privilegios fiscales".

También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.