Designada en 2019 subdirectora de la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y dos años más tarde presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), la letrada del equipo jurídico del PP en distintas macrocausas Lourdes Fuster es desde ayer la número tres en el organigrama de la poderosa Consejería de Presidencia que dirige Antonio Sanz, viceconsejero durante la etapa en que Elías Bendodo fue titular de la misma.
El Consejo de Gobierno la nombró ayer secretaria general de Interior y Espectáculos Públicos. Lo hizo en el paquete de otros nombramientos: los viceconsejeros de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María Esperanza O'Neill Orueta; de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso Torres, y de Política Industrial y Energía, Ana María Vielba Gómez.
En la reseña oficial que informa del currículum de Fuster no se menciona que formó parte, junto al también abogado Luis García Navarro, del equipo jurídico del PP personado en distintas causas judiciales de gran impacto político, como Mercasevilla, los ERE o IDEA.
La nota oficial solo informa de que “tras dedicarse la dirección de recursos humanos, ejerció la abogacía como profesional libre hasta su incorporación a la Subdirección General de la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía”.
Nacida en Sevilla en 1977, Lourdes Fuster es licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense, especialidad de Empresa y máster en Dirección de Recursos Humanos y en Prevención de Riesgos Laborales.
Amaya, la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía, era precisamente una de las instituciones de la administración instrumental de la Junta de Andalucía que Vox identificaba como “chiringuitos” que había que suprimir.
En teoría, Fuster fue nombrada subdirectora de Amaya tras superar en méritos a los “40 aspirantes preseleccionados que habían presentado sus currículos tras la convocatoria pública de un proceso selectivo anunciado en el BOJA”, según informaba entones el diario conservador ABC, que no ofrecía más detalles sobre los criterios que guiaron la supuesta selección.
Su compañero de bufete Luis García Navarro también ostentó un puesto político de no mucha proyección pública, pero muy bien retribuido. Hasta que, tras diez años en el cargo, fue despedido en julio de 2018, había sido secretario adjunto del Consejo de Administración de la RTVA, donde cobraba más de 65.000 euros al año por su “dedicación exclusiva”, aunque la mayor parte de su tiempo lo ocupaba en la representación del PP en la causa de los ERE.
De hecho, el juzgado de lo Social número 3 de Sevilla rechazó la demanda en la que García Navarro pedía la nulidad de su cese del Consejo de Administración de la RTVA y exigía una indemnización de 120.000 euros por los “daños y perjuicios” causados.
La sentencia señalaba que García Navarro “percibía una retribución bastante elevada, al margen del convenio colectivo aplicable a todo el personal laboral de la empleadora”. En efecto, su salario bruto pactado en el contrato suscrito el 26 de junio de 2008, ascendía a 65.653 euros.
