La comisión nació políticamente muerta porque solo formaron parte de ella los tres partidos que sostienen al Gobierno, pero las más de 500 recomendaciones desgranadas en sus 87 páginas no parece que vayan a redimirla.

Las conclusiones han sido presentadas públicamente este lunes por Manuel Gavira, su presidente y diputado de Vox, el único partido que se oponía a su creación, pero al que PP y Cs entregaron la presidencia para evitar que se quedara fuera dejando la mayoría en manos de PSOE y Adelante. En protesta, los dos partidos de la izquierda decidieron autoexcluirse.

La denominada oficialmente ‘Comisión para la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19’ no tendrá problemas para que su dictamen sea aprobado por el Pleno del Parlamento, dado que, como suele suceder en estos casos, no incluye ninguna demanda específica que pueda inquietar al Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Propuestas trilladas

Propuestas tan trilladas como instar a la "incorporación presencial a clase de los alumnos, en todos los niveles educativos, garantizando la adopción de medidas sanitarias preventivas"; demandar un Plan de Mejora de la Atención Primaria con más financiación y “adecuación de la plantilla” para garantizar la asistencia a la población; reclamar el fortalecimiento del sistema público y privado de residencias de mayores y aumentar los controles de los centros residenciales; o plantear un Pacto por el Empleo, donde mantener los máximos puestos de trabajo posibles sea la gran prioridad, son todas ellas propuestas razonables pero no parece que aporten grandes novedades al debate público. Ni que comprometan especialmente al Gobierno autonómico, que por lo demás no está obligado a cumplirlas.

De hecho, la comisión incluye recomendaciones que estaban en el programa electoral del PP o Ciudadanos y que estos no han cumplido al llegar al Gobierno, como la equiparación salarial del personal sanitario andaluz con el del resto de España.

Los parlamentarios conservadores sugieren también la puesta en marcha de la figura de Enfermería Escolar, para que “trabaje con los profesionales de la educación desde los distritos sanitarios para incidir en las medidas de Salud Pública de la población infantil y juvenil”.

Más toros y menos impuestos

Entre las 500 medidas no faltan otras ya conocidas porque son parte del recetario económico conservador, como recortar el gasto público no imprescindible, seguir rebajando el tramo autonómico del IRPF y el Impuesto de Transmisiones, suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio (que afecta sobre todo a las clases más acomodadas) o ampliar aún más las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuyos principales beneficiarios son igualmente los ricos.

Por lo demás, algunas de las demandas llevan bien visible la marca de Vox, como la exigencia de un Plan de Apoyo a la Tauromaquia que incluiría el fomento de los toros en Canal Sur y la promoción del turismo cinegético y taurino, el impluso de un Plan Andaluz de Natalidad (aunque sin entrar en detalles sobre su coste económico), la mención a la "violencia intrafamiliar' o la recomendación de “adoptar medidas tendentes a ejercer una vigilancia de enfermedades contagiosas en nuestras fronteras en coordinación con el Gobierno de la nación estableciendo una frontera de protección microbiológica" que proteja a los andaluces de los inmigrantes llegados en pateras.

Otras medidas: elaborar plan específico para prevenir y gestionar pandemias en el futuro, atender a los alumnos descolgados académicamente a causa del Covid-19, crear un Consejo Permanente de Vigilancia Epidemiológica o articular una compensación retributiva al personal sanitario por el sobreesfuerzo realizado durante la pandemia.

Paradójicamente, esta última demanda de la comisión ya fue aprobada en pasado 18 de junio por el Parlamento, si bien con los votos en contra de PP y Cs, que quedaron en minoría al sumarse Vox a la iniciativa del Partido Socialista, que también suscribió Adelante.