La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Europea contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las indemnizaciones a 15 residencias privadas que este concedió para derivar a personas de la tercera edad de otros centros durante la primera ola de la pandemia.

Para la asociación, y según refleja la Cadena Ser, existen “sospechas evidentes” de que el dinero empleado para el proceso podría proceder de los presupuestos públicos de los fondos europeos. Así las cosas, cabría la posibilidad de que el importe -que podría superar el millón de euros- proceda de algún informe vinculado al Fondo Social Europeo, al Marco Financiero Plurianual o al Fondo Europeo del Desarrollo Regional.

En declaraciones al medio mencionado, el presidente de AME, Víctor Jiménez, explica que el gasto se hizo en contra de lo que dictaba el criterio de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y que la diferencia de euros que se pagaron por usuario superaba los 30 si se compara con lo que se venía pagando según el convenio estipulado por las plazas concertadas. En esta línea, el coste que se invirtió por usuario y día fue de 89,14 euros frente a los 54,51 que se venían dando.

La AME recoge también en su denuncia que el equipo de la líder regional estableció que desde 2021 el dinero que se pagaría por usuario y día sería de casi 75 euros, una cantidad claramente menor, siempre tal y como recuerda la asociación, que la pagada a todas las residencias privadas que aquí se mencionan.

Otras denuncias de la AME

No es la primera vez que la AME pone en entredicho la gestión de la Comunidad de Madrid, especialmente en cuanto a la pandemia se refiere. En esa línea, y a raíz del hecho que se relata en estos párrafos, cabe recordar que la asociación denunció en junio de 2020 y, en este caso, frente a la Fiscalía de Madrid; el reparto de mascarillas adquiridas por el equipo de Ayuso y dadas a la población en farmacias.

En aquel caso las enfermeras alegaban que el modelo del material -KN95- no cumplía “con los criterios de seguridad” ni estaba avalado, siempre según la asociación, por criterios científicos.

“Entendemos que la distribución de estas mascarillas al no cumplir con los criterios de seguridad ha podido generar situaciones de riesgo para las familias madrileñas al no ser un medio seguro de mitigar la propagación de la Covid-19”, advertían.

“Entendemos, y más como enfermeras, que la Fiscalía de Madrid debe conocer unos hechos que merecen ser investigados, por si se hubiera producido algún hecho presuntamente delictivo por actuaciones de las personas contra las que se dirige esta denuncia”, añadían después de recordar que el covid podía dejar secuelas a quienes lo pasan.

Cabe destacar que por aquel entonces la preocupación era mayor dado que todavía se sabía muy poco acerca del virus y no había vacunas. “Las enfermeras nos debemos a la sociedad, sobre las enfermeras recae la dirección, evaluación y prestación de los cuidados, y que incluye competencias en salud pública y educación sanitaria”, sentenciaban.