Lanzar las campanas al vuelo ante un pacto de normalidad política en el Parlament tiene su riesgo, especialmente si afecta a la inmersión lingüística en la escuela e implica a Junts. ERC, PSC y Comunes compartieron con el partido de Carles Puigdemont unas breves horas de paz y felicidad por creer que habían dado con la llave para salir del atolladero en el que se encuentra la escuela catalana tras la sentencia del 25% de clases en castellano. La modificación prevista de la ley de 1998 presentada por los cuatro grupos obvia el porcentaje de cada lengua pero conjuga la autonomía de los centros con la atención imprescindible a la realidad lingüística del entorno para asegurar una presencia adecuada del catalán y el castellano. En definitiva, la flexibilización de la inmersión ya prevista en el Estatuto vigente.

Todo resulto ser un espejismo. La inestabilidad interna y el personalismo de Junts son sus señales de identidad. Sus diputados y su secretario general, Jordi Sánchez, viven pendientes de Twitter para saber qué opina Carles Puigdemont de lo que están haciendo. Y a Puigdemont y a Torra no les gustó la reactivación del consenso lingüístico ni tampoco el mensaje de normalidad institucional que emitía dicho pacto. Este jueves, el grupo parlamentario de Junts cerró un acuerdo con ERC, PSC y Comunes, discutido durante semanas, que contrariaba a la CUP en su propósito de implantar el monolingüismo catalán en la escuela. Los dos ex presidentes se alinearon de inmediato con los anti sistema.

Los cuatro grupos desarrollaban la opción de adecuar el precepto de la inmersión a las exigencias de cada lugar, manteniendo el catalán como lengua vehicular y reconociendo al castellano el carácter de lengua de aprendizaje. Nada nuevo, la idea está presente en las leyes vigentes tanto autonómicas como estatales. El republicano Josep Bargalló, consejero de Educación en el gobierno de Torra, ya intentó implementarla en cuanto arreciaron las sentencias contra la inmersión, cosechando únicamente el apoyo del PSC que lleva años reclamando dicha modificación.

La novedad del acuerdo es que ERC y Junts rehacían el tradicional consenso lingüístico con el PSC y con los Comunes, herederos en este aspecto del viejo PSUC. Un retorno a los tiempos de la transversalidad enterrada por el Procés. Este no iba a ser el primer acuerdo de los dos partidos independentistas con el PSC en Cataluña. No hace tanto, los tres partidos pactaron la renovación de un puñado de instituciones estatutarias e incluso la corporación que dirige TV3 y Cataluña Ràdio. Claro que este fue un pacto materialista en el que se repartían cargos y sueldos y en esto la sensibilidad de Junts escapa a la presión de los esencialistas sin mayor dificultad.

Puigdemont llamó a la rebelión contra el gobierno de Pere Aragonés aduciendo que “hay que frenar el trabajo sucio de la justicia española” contra el catalán en la escuela y Quim Torra simplemente dijo que esta reforma “no (se haría) en mi nombre”. Al poco, Junts rectificaba su apoyo a la modificación, enmudeciendo las campanas de satisfacción del resto de firmantes, y reclamando una nueva ronda de conversaciones para ampliar el consenso obtenido por la propuesta firmada unas horas antes. El texto ahora maldecido por Junts sumaba inicialmente 106 diputados de 135. Ahora habrá que esperar a la reacción de ERC. La propuesta sigue teniendo una cómoda mayoría absoluta en el Parlament gracias a los 33 votos del PSC, los 33 de ERC y los 8 de los Comunes, 74, los que tenía el primer gobierno tripartito de Maragall.