Que no vaya a haber nuevo sistema de financiación autonómica no es propiamente el problema: todo el mundo coincidía en que no podría haberlo porque la aritmética parlamentaria lo impide. Para sacarlo adelante el PSOE habría necesitado los votos de los diputados independentistas catalanes, cuya apuesta por la bilateralidad Moncloa/Palau auguraba el rechazo a un sistema que es multilateral por definición y en el que Cataluña sería tratada –¡vade retro!– como una más de las comunidades de régimen común.

El desaire

No, ese no es el problema. El problema creado por Pedro Sánchez –al renunciar el pasado lunes a una negociación del nuevo modelo que su ministra de Hacienda daba por segura– tiene varias capas, como las cebollas. La primera capa se llama María Jesús Montero, que es la damnificada número uno del inesperado giro del presidente al quedar visiblemente desautorizada por quien la hizo ministra hace poco más de dos semanas conociendo –como no podía no conocer– la inequívoca apuesta de la exconsejera andaluza de Hacienda por abrir esa negociación.

Desairando de ese modo a alguien como Montero Pedro Sánchez está jugando con fuego, aunque también es verdad que ese ha sido muchas veces uno de sus juegos favoritos, con el milagroso resultado de que quienes se quemaban eran otros. El desaire a Montero tendrá un precio: lo que aún no sabemos es cuál será ni quién lo pagará.

Autonomías en llamas

La siguiente capa de la cebolla del problema creado por Sánchez es el propio sistema territorial. “Pedro ha incendiado el Estado autonómico”, sentenciaba en privado un miembro del Gobierno andaluz.

En efecto, al referirse expresamente a negociar con cada comunidad una mejora de su financiación, el presidente está abriendo de par en par las puertas de una bilateralidad únicamente reclamada como tal por Cataluña. La Generalitat querría su propio modelo, al estilo vasco y navarro, pero dado que tal cosa es hoy por hoy imposible, Joaquim Torra bien podría darse por satisfecho si le arranca al presidente algún tipo de excepcionalidad. Otra cosa es que los demás territorios estuvieran dispuestos a permitirlo…

En la España autonómica y muy particularmente en Andalucía, la palabra bilateralidad dispara todas las alarmas: “Bastante bilateralidad, con el resultado de todos conocido, tenemos ya con el concierto vasco”, opina un destacado socialista andaluz.

El perímetro de la sospecha

El modelo de financiación autonómica, en cuya negociación la Generalitat autonomista del pasado siempre fue crucial, es garantía de la multilateralidad, es decir, de igualdad.

La decisión de Sánchez de no iniciar negociaciones para el nuevo modelo parece formar parte de su estrategia de apaciguamiento con la Generalitat. Una de las hipótesis que baraja el Gobierno andaluz es que, de haberse convocado la mesa de negociación, Cataluña no habría participado en ella y eso habría dificultado la apuesta del presidente por la distensión.

Sánchez tal vez no tenga margen para hacer concesiones políticas de calado a Cataluña, pero sí lo tiene para hacer concesiones simbólicas y cree que puede tenerlo para hacer concesiones económicas. Lo político, lo simbólico y lo económico: he ahí los tres lados del perímetro de la sospecha que no deja dormir tranquilos a los socialistas andaluces.

La frase, la frase

La dirigencia andaluza mira con recelo a Miquel Iceta, a quien apuntan como principal sospechoso del portazo sanchista a la negociación autonómica. Desde Pasqual Maragall en adelante, la querencia por la bilateralidad ha estado muy presente en la cultura política del PSC: eso no significa que vayan a apostar abiertamente por ella, desde luego, pero los socialistas catalanes necesitan obtener rendimientos efectivos para demostrar a los exhaustos votantes del Principado que la estrategia de distensión con el Estado da mejores frutos que el desafío continuo del unilateralismo independentista.

El terreno de juego donde se disputará el partido de las concesiones políticas o presupuestarias es, en todo caso, muy angosto. Una de las circunstancias que estrecha ese campo de juego es el combativo perfil andalucista, españolista e igualitarista de la presidenta Susana Díaz, sintetizado en la célebre advertencia que se llevó todos los titulares del congreso regional socialista de julio de 2017: “Pedro, no me hagas elegir entre el PSOE y Andalucía”.

La sombra, la sombra

El futuro político de Díaz está atado a aquella frase, intrascendente mientras Pedro era solo secretario general y todavía más desde que suprimió la palabra ‘plurinacionalidad’ de su vocabulario, pero que ha cobrado una inesperada relevancia al convertirse Sánchez en presidente y todavía más al llegar al cargo gracias a los votos de los diputados secesionistas y al apoyo sin fisuras del PSC.

Aquella cruda advertencia de Díaz planea ahora sobre el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, con la persistencia de las rapaces que vislumbran que algo parece moverse allá abajo entre los matorrales.

La última capa

Hay una última capa de la cebolla del conflicto Madrid/Sevilla que es, cómo no, el partido. Díaz es consciente de que la llegada de Pedro a la Moncloa abre en la muralla socialista andaluza una grieta que el sanchismo intentará ensanchar hasta convertirla en una brecha.

Las mermadas huestes que comanda en Andalucía el nuevo delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, saben que no pueden asaltar la fortaleza susanista pero de momento les basta con izar su pendón en alguna solitaria torre, como Almería por ejemplo, donde su candidato será cabeza de cartel para la Alcaldía tras haber ganado las (de nuevo encarnizadas) primarias.

Si hasta ahora la dirección regional socialista no le echaba demasiadas cuentas al sanchismo pues no tenía ningún motivo serio de inquietud, tal vez a partir de ahora se vea obligada a hacerlo. Ahora sí tiene ese buen motivo. Su nombre: Gobierno de España.