No quiso el abogado del PP, Luis García Navarro, quedarse en las primeras matas a la hora de calificar la macroacusa de los ERE. “Estamos ante el mayor caso de corrupción de España y puede que de Europa”, dijo con cierta desmesura el letrado en el arranque de la abstrusa sesión de este lunes de enero, muy frío en Sevilla pero calentado en la vista oral por unas defensas que hacia las diez y media de la mañana la emprendieron a palos con la pobre Fiscalía y no dejaron de sacudirle hasta bien pasada la una de la tarde.

La vista ha quedado suspendida hasta el próximo 12 de febrero, que es el tiempo que se tomará el tribunal para estudiar las cuestiones previas, muchas de ellas de gran trascendencia, planteadas por las partes.

El fiscal rechaza llamar a Díaz

Aun con todo, Fiscalía y defensas han llegado a coincidir en algo al oponerse ambas a la pretensión del PP de incorporar a la causa el delito de asociación ilícita y de citar como testigo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por el “amplio conocimiento” de los hechos que se juzgan y porque siendo consejera de Presidencia se promulgó el decreto que convalidó las ayudas para la prejubilación de trabajadores de empresas en crisis: un decreto que fue, por cierto, aprobado por el Parlamento de Andalucía en 2012 sin ningún voto en contra. 

Todos los partidos dieron, pues, por bien cobrados hasta entonces y autorizaron sin rechistar que se acabaran de cobrar por los trabajadores prejubilados los cientos de millones que esos mismos partidos aseguran que urge recuperar.

La Fiscalía sí comparte, en cambio, el criterio del PP de llamar también como testigos a la exconsejera y hoy senadora María del Mar Moreno y al vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, por haber sido Chiclana de la Frontera beneficiaria de una ayuda de 25.000 euros con cargo a la partida investigada cuando él era el alcalde.

Avaricia procesal

Si los argumentos de las defensas en esta fase de cuestiones previas encuentran el debido eco en el tribunal, bien pudiera afirmarse que a la Fiscalía de los ERE la habría ‘castigado Dios’ por haber cometido el pecado de avaricia procesal, ya que si inicialmente propugnó el troceamiento de la causa en varias piezas para hacerla más manejable, acelerar su conclusión y evitar prescripciones que habrían resultado escandalosas, a la postre aquella victoria procesal se ha convertido en una amenaza merced a la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, al parecer no prevista por el Ministerio Público, de aplicar a los encausados el principio procesal ‘Non bis in idem’ según el cual un reo no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Embrollo, disparate, absurdo…

Para evitar a toda costa que puedan escapársele de las manos todos o algunos de los 22 exaltos cargos de la Junta que se sientan en el banquillo por haber implantado y mantenido el llamado ‘procedimiento específico’ por el cual se habrían otorgado ilegalmente 741 millones de euros durante diez años, la Fiscalía planteó al tribunal poco menos que la reescritura misma del auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado –PROA– dictado por el juez Álvaro Martín en mayo de 2016.

De llevarse a efecto, tal petición equivaldría a una redefinición del ‘perímetro procesal’ que las ardorosas defensas han adjetivado con las siguientes expresiones: embrollo jurídico, disparate procesal, petición extravagante, cuadratura del círculo, proposición absurda, desmedido afán acusatorio, inoportunidad, entelequia, dislate, filibusterismo y, finalmente, “salto mortal triple hacia atrás con tirabuzón, algo físicamente imposible”, según formulación literal de un imaginativo defensor.

Lo que se juzga y lo que no

¿Y cómo podría la Fiscalía asegurarse de que quienes ahora son juzgados por el procedimiento específico no dejen de serlo en el futuro por la concesión de las ayudas concretas, si la propia Audiencia ha dejado dicho que no puede juzgarse a nadie dos veces por lo mismo? Pues pidiendo al tribunal sentenciador “la confirmación del objeto de enjuiciamiento tal y como fue diseñado en los autos de división de piezas y en el auto de incoación de procedimiento abreviado, con expresa exclusión como objeto de debate de los hechos relativos a concesión y pago de cualquier ayuda individual tanto sociolaboral como directa a empresa”.

Así pasen 15 años

De no hacer tal cosa el tribunal, la Fiscalía se sentiría facultada para pedir la incorporación a esta causa del testimonio de todas y cada una de las 105 piezas separadas ya incoadas, así como cuantas de las 170 restantes fueran incoándose a lo largo de este juicio. Si prospera la “extravagancia” promovida por la Fiscalía, este juicio no duraría menos de 15 años, dijo una defensa: “Y a mi patrocinado lo someterían a este juicio y a otros 124 más”, añadió bastante enojada.

El problema de la petición del fiscal, alertaron los abogados, es que olvida que una de las funciones primordiales del PROA es precisamente acotar lo que ha de juzgarse, con el fin de que las partes y el propio tribunal juzgador no puedan quitar ni añadir hechos, pruebas o delitos a su conveniencia. Tal acotamiento por parte del instructor es intocable, dijeron una y otra vez los defensores.

Una sugerencia envenenada

Para escapar del embrollo en que ella sola se habría metido, la defensa del exconsejero Antonio Fernández, que dirige Alfonso Martínez del Hoyo, llegó a hacerle a la Fiscalía esta sugerencia, naturalmente envenenada: si cree el Ministerio Público que en este juicio no deben conocerse las ayudas concretas susceptibles de juzgarse en otras causas, retire la acusación de malversación y deje únicamente la de prevaricación, puesto que a la implantación del procedimiento de concesión de las ayudas solo le cabría el reproche penal de la prevaricación, quedándose la malversación para el otorgamiento y pago de cada una de las ayudas.

¿Beneficios sin beneficiarios?

Como a estas alturas habrá comprobado el paciente lector si ha tenido el cuajo de leer hasta aquí, este juicio no es un juicio cualquiera, pues de serlo estaría ya como mínimo perfectamente claro qué diablos se juzga exactamente en esta primera vista oral. No debe estarlo del todo, dado que la propia Fiscalía reclama al tribunal que lo aclare.

“El fiscal nos viene a decir que no sabe de lo que acusa”, le dijo “con todo respeto” uno de los defensores, que también recordó que todo el lío “viene de atrás”, de la pretensión de “hablar de malversación sin citar a los beneficiarios”, en alusión a los 6.000 trabajadores que, con autorización expresa del Parlamento, siguen cobrando los dichosos 741 millones que todo el mundo dice estar interesado en recuperar pero que nadie reclama a quienes efectivamente los están cobrando.