¿Por qué en los últimos años, "y sin que podamos encontrar más que un solo antecedente en toda la historia de la Junta de Andalucía –luego sobreseído- se ha producido la imputación sucesiva de seis interventores en otros tantos procedimientos judiciales y por diferentes hechos?
Es la pregunta que se hace la Asociación de Empleados Públicos de Intervención de la Junta de Andalucía, que atribuye las reiteradas inculpaciones judiciales por parte de los jueces a “la "anómala utilización del proceso penal por parte de determinadas empresas y particulares, que pretenden obtener en los tribunales lo que no consiguen en buena lid en las licitaciones públicas a las que se presentan". ¿Cómo? Planteando “en los órganos judiciales del orden penal cuestiones que son competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa". Sin citarlos expresamente, los interventores hacen referencia a casos como el de los ERE o la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
Para esta asociación, "la admisión de estas acusaciones y su sostenimiento en el tiempo requieren del concurso de los jueces y fiscales correspondientes, resultando sorprendente la credibilidad que se le otorga, en determinados casos, a denuncias infundadas, cuando no, movidas por oscuras motivaciones".
Devastadores efectos
Los reproches llegan más allá: "Las inicuas imputaciones penales que estamos contemplando producen inmediatos y devastadores efectos sobre la salud, el entorno familiar y social, la carrera profesional e incluso la hacienda de quienes tienen la desgracia de caer en semejante abismo".
Para los empleados de este cuerpo de élite de la Administración , "la admisión de estas acusaciones y su sostenimiento en el tiempo requieren del concurso de los jueces y fiscales correspondientes, resultando sorprendente la credibilidad que se le otorga, en determinados casos, a denuncias infundadas, cuando no, movidas por oscuras motivaciones".
Solidaridad
La Junta Directiva de la Asociación de Empleados Públicos de Intervención de la Junta de Andalucía ha expresado también su "plena y absoluta" solidaridad con los interventores de la Junta de Andalucía que, en la actualidad, se encuentran implicados en varios procedimientos judiciales que se sustancian en juzgados y tribunales de Andalucía, con motivo del ejercicio de sus funciones públicas. Estas imputaciones judiciales "están provocando entre todos los funcionarios de la Intervención de la Junta de Andalucía una sensación de alto riesgo e impotencia en el efectivo desempeño de los cometidos que desarrollamos".
Por ello, ha dejado claro que "los funcionarios encargados del control interno de la gestión presupuestaria en la Junta de Andalucía
ejercemos las funciones que tenemos encomendadas con absoluta profesionalidad e independencia, dentro de unas facultades regladas muy concretas que nos proporciona la Ley, y no se nos pueden atribuir, porque no se ajustaría a Derecho, facultades omnímodas o extraordinarias para poder evitar prácticas delictivas en relación con la gestión de los fondos públicos".
Tampoco comparten la "celeridad" con la que, en ocasiones, se produce el inicio de un procedimiento penal, "sin contrastar previamente si los motivos denunciados”.
