El lugar elegido para la vigilia fue la plaza de Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla y el palacio Arzobispal, y su promotora fue la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas, que contó con el apoyo de Participa Sevilla e Izquierda Unida, cuyas concejales Susana Serrano y Eva Oliva participaron en la concentración.

También lo hizo el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que apeló a "los principios de verdad, justicia, reparación y no olvido" y recordó al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, que "no puede tener en su templo a un criminal de guerra como Queipo de Llano, matarife de miles de trabajadores andaluces".

La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada hace unos meses, es bastante precisa al respecto: “Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".

Socialistas remolones

¿Están el Partido Socialista y el alcalde de Sevilla haciéndose los remolones en materia de memoria histórica en general y sobre los restos de Queipo de Llano en particular? Los dos partidos gracias a cuyos votos Juan Espadas es alcalde sospechan que sí.

El próximo día 25 se cumplirán dos meses del Pleno municipal donde la concejal de IU Eva Oliva preguntaba por las gestiones realizadas por el gobierno local para dar cumplimiento a la moción aprobada un año antes, a instancias de IU, condenando el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, repudiando al general Queipo de Llano y rechazando que sus restos sigan enterrados en la basílica de la Macarena, "una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para los demócratas".

La moción fue aprobada por unanimidad en todos los puntos, salvo el relativo a sacar de la basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano, en el cual el PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

Un tiempo prudencial

Cuatro semanas después de plantear IU su pregunta en el Pleno, contestaba el Gobierno local a través de la concejal de Participación Ciudadana, Adela Castaño, quien anunciaba con cierta solemnidad que el Ayuntamiento iba a dirigirse "por escrito al Arzobispado y a la hermandad de la Macarena y a hacerles llegar los preceptos de las diferentes leyes estatal y autonómica de memoria histórica, y las obligaciones que de ellas derivan para las entidades privadas".

El Gobierno socialista le daría “un tiempo prudencial” al Arzobispado para que diera una respuesta. ¿Y qué ocurriría si la Iglesia no respondía? Pues que transcurrido ese tiempo el equipo de Gobierno “seguiría trabajando en el tema”. Dos meses después de la pregunta de IU y uno de la respuesta del PSOE, la federación de izquierdas se queja de no saber “absolutamente nada” de las gestiones municipales.

La reclamación de IU viene de lejos. Poco después de constituir el nuevo Ayuntamiento, en julio de 2015 la concejal Eva Oliva le pedía al flamante alcalde que intercediera ante el Arzobispado que los restos de Queipo fueras retirados de la popular basílica. "Es una vergüenza y un oprobio para la ciudad" que sus restos reposen en ese lugar de honor.

Exhumación por barrios

La exhumación de golpistas va por barrios. Lo que en Pamplona, por ejemplo, sí es posible, en Sevilla no lo es. Mientras los restos de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, enterrados en el Monumento a los Caídos de la capital navarra, fueron en su día exhumados y entregados respetuosamente a sus familias, los del feroz general africanista, que entró a sangre y fuego en la Andalucía republicana de julio del 36 con una crueldad ya legendaria, continúan enterrados en un lugar de honor.

El último jarro de agua fría para el movimiento memorialista andaluz sobre el ‘contencioso Queipo’ se conocía en noviembre pasado, cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla comunicaba la inadmisión a trámite de una demanda dirigida contra el Arzobispado al considerar que el asunto no era competencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo, dado que el recinto es propiedad de la Iglesia y no del Estado.