Ya está en marcha el gran pacto de la derecha española. Ciudadanos ha dejado de posturear y ha tendido la mano al PP para llegar a una ‘fusión’ en el Gobierno. O al menos en el Congreso. Eso sí, para que la rendición no lo parezca, Albert Rivera ha puesto condiciones. Una de ellas, la más llamativa de hecho, la que el líder de C’s puso en primer lugar, la “separación inmediata de cualquier cargo público por corrupción política”.
¿Van a votar contra sus intereses?
La reacción de Mariano Rajoy ante las peticiones ha sido muy democrática. Lo va a consultar con los miembors de su Comité Ejecutivo Nacional, ha dicho. Aunque es bien sabido, y cualquiera en Génova 13 lo confirma sin rubor, o sin demasiado rubor, al periodista que pregunte, que nada pasa allí que no sea conforme a la voluntad del Presidente. O sea, de Rajoy mismo.
Pero este doble movimiento va a poner en una situación difícil a algún miembro de ese Comité Ejecutivo Nacional. Y esto, porque ellos mismos están metidos en asuntos judiciales de difícil explicación.
Es verdad que la interpretación puede relativizarse y decirse que no ocupan algunos cargos públicos ¿Pero sería aceptable que mantuvieran su cargo en la dirección del partido, que no olvidemos se financia con cargo a los presupuestos estatales, después de firmar ese pacto? Y aquí viene la gran pregunta. Porque… ¿qué votarán gente como la tesorera del partido, Carmen Navarro, Ana Mato, Lucía Figar, Rita Barberá, Vicente Pujalte, Nacho González, Pedro Antonio Sánchez…, todos ellos miembros del Comité Ejecutivo Nacional e imputados o afectados por problemas en los tribunales? ¿Se van a suicidar.., políticamente hablando?
Los 'votantes' y sus 'pecados'
Porque, recordamos, Carmen Navarro está imputada (investigada en el nuevo argot jurídico impuesto por este Gobierno) en el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Y Ana Mato en el juicio por la primera pieza separada de la Gürtel como “benefiaciaria a título lucrativo”. Lucía Figar está imputada en el caso Púnica. Rita Barberá sigue escondida tras su aforamiento como senadora, pero lo cierto es que un juez ha pedido al Supremo que la impute por la caja B valenciana del PP.
Y hay más. Vicente Pujalte, no nos engañemos, no será ya diputado, pero está siendo investigado por la Fiscalía por falsedad y cohecho por su relación en el turbio asunto de Gustavo de Artístegui y Pedro Gómez de la Serna. En cuanto a Ignacio González, el expresidente madrileño, está imputado por el caso de su ático y bajo la lupa por asuntos como la recalificación de terrenos en Arganda que tanto beneficiaron a Correa y su clan. O Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, tiene el honor de contar con una petición de la Guardia Civil para que se le impute por la Operación Púnica.
Pero podemos seguir. Y recordar que el comisario Miguel Arias Cañete, vocal también del Comité Ejecutivo Nacional, está bajo el escrutinio del Parlamento Europeo por los Papeles de Panamá vía esposa. O que el candidato vasco para las próximas elecciones, el exministro Alfonso Alonso, vocal, y su gran amigo, Javier Maroto, vicesecretario general del Partido, además de miembros del Comité Ejecutivo Nacional están condenados por el Tribunal de Cuentas… Y quizás haya algún otro que se nos escapa.
¿Qué van a votar ellos a las condiciones de regeneración que exige Ciudadanos? Y quizás no menos importante, ¿qué haría Ciudadanos si le dan el sí a sus propuestas y estas personas siguen al frente del partido al que van a dar su apoyo para formar gobierno?
