La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elevó un informe de 163 páginas al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, titulado “Relación contractual entre el Ayuntamiento de Móstoles y la Mercantil Cofely” en el que se apuntaba que Daniel Ortiz, entonces alcalde de esta población madrileña, había sido pieza clave para que se adjudicara el considerado mayor pelotazo de la Operación Púnica, un macrocontrato de 75.000.000 de euros para el alumbrado de la ciudad.
Velasco a punto de pedir al Tribunal Superior su imputación
El juez instructor, tras estos meses, ha llegado aparentemente a la conclusión de que el informe de esta policía judicial estaba suficientemente acreditado, porque hoy ha enviado a la Asamblea de Madrid un oficio en el que pregunta por la condición de diputado de Daniel Ortiz. Lo que en medios judiciales se lee siempre como el primer paso para que en los próximos días –“una semana o poco más”, nos han dicho en fuentes políticas- de el paso de elevar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dado su aforamiento es quien puede hacerlo, para que se proceda a su imputación (investigación en la terminología actual).
Según los indicios que la UCO acumuló en su informe, se decía que supuestamente Cofely habría pactado pagar al entonces alcalde de Móstoles y uno de sus concejales, una mordida de 240.000 euros.
Pío, pío, que yo no he sido
“Si la imputación se produce -han dicho a ELPLURAL.COM en fuentes de la Presidencia de la Gestora del PP madrileño- se le aplicará de inmediato el código ético y se le exigirá que deje su escaño”. Lo cierto es que este es un problema para Cristina Cifuentes, que aceptó llevar a Daniel Ortiz en sus listas de las últimas elecciones municipales y autonómicas a pesar de que ya existían indicios de su posible implicación en la trama.
En el entorno de la actual presidenta de la gestora del PP madrileño se ha insinuado a este periódico que “como en muchos otros de los que iban en la lista”, Daniel Ortiz le vino impuesto.
