La designación de candidatos del PP para las próximas elecciones municipales y autonómicas ha evidenciado el doble rasero que aplica este partido sobre los políticos imputados. El PP exige dimisiones inmediatas cuando el imputado es un político de otro partido, incluso cuando se trata de citación y no de imputación formal como es el caso de Chaves y Griñán, exige responsabilidades políticas cuando ni siquiera hay imputación, como en el caso de Monedero. Pero exhibe doble rasero también dentro de sus propia filas porque mientras el recién designado Alberto Fabra insiste que en la Comunidad Valenciana no habrá imputados en las listas, la también designada Rita Barberá defiende a su vicealcalde recientemente imputado.

Murcia, campeona en corrupción pero poca repercusión
Ramón Luis Valcárcel, ex Presidente de Murcia y actual eurodiputado del PP, junto a su familia han ejercido y ejercen un poder absoluto y total en esa Comunidad Autónoma, ejemplo de burbuja inmobiliaria ligada a la corrupción política. Pero Murcia apenas despierta interés informativo, entre otras cosas porque la abrumadora derecha mediática ha mirado para otro lado. Valcárcel designó a dedo a su sucesor, Alberto Garre, quien no lleva un año en el cargo y que no repetirá. De ser íntimos han pasado a odiarse, al menos Valcárcel le acusa de no impedir que él y su familia se vean inmersos en la investigación de un chanchullo urbanístico. El ex presidente ha dejado claro que en Murcia sigue mandando él y ha conseguido que Rajoy acepte a su nuevo delfín, Pedro Antonio Sánchez, consejero de cultura y ex alcalde de Puerto Lumbreras.
La región de Murcia es la que más procesos judiciales tiene abiertos por delitos relacionados con la corrupción urbanística, también la que más políticos tiene imputados, de todos los partidos pero los del PP ganan por goleada.
Pedro Antonio Sánchez fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por cohecho, pero además se le investiga por los presuntos delitos de prevaricación y de la infidelidad en la custodia de documentos, todo ello por la adquisición de un dúplex.

Imbroda, el virrey de Melilla
Dentro de muy pocos días, el 11 de marzo, el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y senador del PP, Juan José Imbroda, comparece ante el Tribunal Supremo como imputado en un posible delito de prevaricación por contratar a dedo a un abogado ajeno a los servicios jurídicos del gobierno melillense para defender a la institución en varios procesos. El abogado cobró de las arcas públicas al menos 250.000 euros.
Imbroda, uno de los exponentes del PP bronco y maleducado durante el Gobierno de Zapatero, pero que ejerce un poder absoluto en Melilla, no ha abierto la boca desde que Rajoy es presidente, ni contra Marruecos, ni contra los inmigrantes ni sobre nada. Lo que antes era el fin del mundo ahora es todo muy normal. Si salió a la palestra para defender a los antidisturbios que se emplearon con dureza contra inmigrantes que intentaban saltar la valla.

León de la Riva el insultón
El alcalde de Valladolid desde hace 20 años y con 5 mayorías absolutas a sus espaldas nunca se ha mordido la lengua y hasta presumía de que sus ataques machistas e insultos a ministras socialistas le daban votos. Se negó a casar a parejas homosexuales, arremetió contra actores y actrices que no profesaban su amor al PP y sus declaraciones machistas llegaron al máximo en 2014 cuando señaló que muchas violaciones se producían porque las mujeres provocaban. "A veces me da reparo entrar en un ascensor. Imagina que hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se arranca el sujetador o la falda y sale gritando que le han intentado agredir", afirmó. El escándalo fue tal que se vio obligado a pedir disculpas. En cualquier otra democracia europea le hubieran obligado a dimitir, aquí el PP le presenta otra vez de candidato seguro de que volverá a ganar.
En el caso de León de la Riva no es ya que esté imputado, sino que se sentará en el banquillo de los acusados un mes antes de las elecciones. El 27 de abril será juzgado por un presunto delito de desobediencia en la ejecución de sentencias que declararon ilegales obras realizadas en el edificio en el que reside. En resumen, siendo alcalde se hicieron obras en el edificio que beneficiaban a su vivienda que eran ilegales. Después de demostrarse que como alcalde incumplió la Ley en beneficio propio, se ha negado a ejecutar las sentencias judiciales. Él es así de chulo, considera que en Valladolid se hace su real gana, incluidos los jueces.

De Floriano al ministro de Justicia
El PP cambia de discurso y se queda tan ancho. El pasado mes de noviembre el vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, declaraba en Radio nacional que "la gente implicada en casos de corrupción, imputados, no va a ir en las listas electorales del PP".  En tres meses la realidad ha demostrado que mentía y ayer el ministro de Justicia, ocupado en legitimar al Partido en vez de ocuparse de las cosas del Gobierno, manifestaba que ser imputado no es sr culpable -algo que ya sabíamos- y que no hay problema alguno en que políticos imputados vayan en las listas. Le faltó añadir que siempre que esas listas sean las del PP.