El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, comparecerá hoy ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial para explicar los cobros que él y otros juristas, entre jueces, fiscales y secretarios judiciales, percibieron de la empresa Indra por orden de la Comunidad de Madrid por asesorar al gobierno autonómico en programas de modernización informática. Tras la información desvelada ayer por el diario El País, el TSJM hizo pública una nota de prensa firmada por Vieira en la que defendía la legalidad de los cobros y sostenía que no había incompatibilidad alguna.

El autor de la nulidad de escuchas 'Gürtel'
Se da la circunstancia de que durante las primeras fases de la investigación de la trama de corrupción del PP denominada 'Gürtel', los abogados de los principales imputados -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez- solicitaron la nulidad de las grabaciones de conversaciones entre estos y sus abogados realizadas en prisión por orden del juez Baltasar Garzón. El debate entre los tres magistrados que debían decidir fue muy duro y en ocasiones muy tenso. Vieira mantuvo una posición virulenta para anular las escuchas y finalmente por dos votos a uno se anularon todas excepto una.

El principio del fin de Garzón
Precisamente fue la anulación de estas escuchas lo que finalmente provocó el procesamiento de Garzón por el Supremo y su expulsión de la carrera judicial. El juez que sustituyó a Garzón en el caso 'Gürtel', Pedreira, prorrogó las escuchas y llamativamente Vieira también se enfrentó a él hasta el punto de abrirle un expediente por olvidar resolver una cuestión de competencia en un sumario que entonces ocupaba 600.000 folios. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se enfrentó a los dos jueces que comenzaron con 'Gürtel'.

Se ocupa de los aforados
Francisco Javier Vieira fue aupado a la presidencia del TSJM con el claro apoyo del PP, pero además preside una sala estratégica para el PP, la Sala de lo Penal y lo Civil, que es la investiga a los aforados de la Comunidad de Madrid, concretamente a aquellos cargos del gobierno regional o miembros de la Asamblea de Madrid que se vean inmersos en denuncias o procesos. Eso significa que cualquier caso de un cargo regional de Madrid investigado por corrupción pasa por su sala.