El juez Baltasar Garzón. Archivo/EFE
Las afirmaciones de Baltasar Garzón esta pasada semana ante la jueza María Servini de Cubría que instruye en Argentina la querella contra los crímenes del franquismo han sido fundamentales en opinión del abogado de las víctimas Carlos Slepoy quien ha manifestado a ELPLURAL.COM que “Garzón ha expresado su certeza, fruto de su propia instrucción penal, de que hubo un plan sistemático de tortura, eliminación y desaparición de víctimas durante la guerra y el franquismo”. Slepoy explicó también que las videoconferencias de los testigos, anuladas por presión del Gobierno español, se reanudarán “en breve”. El abogado resaltó, por otra parte, el acuerdo de una mayoría de grupos del Parlamento Vasco para apoyar esta querella.
Para Carlos Slepoy, estas declaraciones del juez “son muy importantes pues ha ratificado todo lo que habíamos planteado respecto de las investigaciones realizadas y sobre todo, el insuperable obstáculo que tienen las víctimas para que la Justicia actúe tras la sentencia de 2012 que absolvió a Garzón por haber instruido la causa sobre los crímenes del franquismo pero cerrando la vía de la actuación judicial para conseguir reparación y justicia para los afectados”.
Crímenes de lesa humanidad
Durante tres horas, Garzón explicó ante la jueza María Servini su opinión sobre los hechos. Estuvieron presentes los abogados Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beinusz Szmukler. Según relataba en exclusiva en el diario bonaerense El Tiempo el periodista Daniel Enzetti, “Garzón no sólo reconoció 'la existencia de un plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños', sino que además presentó documentación que muestra a la dictadura de Francisco Franco como ejecutora de una 'política de eliminación, tortura y desaparición de miles de víctimas'. Para el magistrado, suspendido en España por querer investigar lo mismo que hoy intenta Servini desde aquí, no hay duda de que los delitos deben catalogarse como crímenes de lesa humanidad”.
Crímenes contra la vida, desapariciones, robo de bebés…
Garzón se refirió al proceso que él inició en diciembre del 2006 al que se fueron incorporando diferentes denuncias y querellas de múltiples víctimas, organizaciones de víctimas y organismos de Derechos Humanos. “Con carácter general, los hechos denunciados se referían a la represión iniciada y desarrollada por el régimen franquista y las autoridades civiles y militares que lo representaban. La fecha inicial se extendía desde 1936 en adelante, ya que había hechos que se produjeron en las décadas siguientes, durante la dictadura franquista”. De modo general las denuncias se referían, explicó “a la ejecución sistemática de crímenes contra la vida, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra bienes” y “sustracción de menores de edad”.
Documentación franquista que lo avala
En el despacho de la jueza, Baltasar Garzón añadió que “la existencia del plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños, entre otros, tiene constancia documental en diversos documentos y manifiestos del general Franco, Queipo de Llano, Mora y otros, antes, durante y después de la Guerra Civil española”. Y que “el propio desarrollo de los hechos demostró la sistematicidad de la política de eliminación, tortura y desaparición de miles de víctimas, como requisito indispensable para la catalogación de los crímenes como de lesa humanidad”.
Doctrina del Supremo en el caso Scilingo
Carlos Slepoy comentó a ELPLURAL.COM como el juez aclaró que la calificación de los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad que recogió en el auto del 16 de octubre de 2008 se había basado paradójicamente en la propia doctrina del Tribunal Supremo español. Garzón dijo a la jueza que “esta doctrina estaba contenida en la sentencia por la que se condenó a 1048 años de prisión al ciudadano argentino Adolfo Scilingo por crímenes de esa naturaleza, cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1983, período de la dictadura argentina, y que había sido objeto de investigación por mí mismo y de sentencia por la Sala Penal de la Audiencia Nacional”.
No hay en España proceso en curso
“También dejó claro que lo único que se había instruido en España en relación con los crímenes franquistas fue una investigación sobre el bombardeo en Barcelona por parte de pilotos italianos y que si bien es una buena resolución por lo que se refiere sobre todo a la no prescripción del delito, se trata más de la acción de fuerzas extranjeras en un conflicto interno.- Resalta Carlos Slepoy-. Es decir, que en realidad no hay ninguna investigación en curso salvo en lo que se refiere al proceso de los niños robados en que se han emprendido algunas acciones puntuales. En ese sentido, también es importante su declaración”.
¿Fecha para las videoconferencias?
Por otra parte, el abogado Slepoy comentó a ELPLURAL.COM que están pendientes de una nueva fecha para que tengan lugar en el consulado argentino incluso durante este mes, las declaraciones mediante videoconferencia de los querellantes ante la jueza María Servini. Estas videoconferencias han sido aplazadas en dos ocasiones, la segunda de ellas por presiones manifiestas del Gobierno español que incluso habló al parecer de llegar a la ruptura del convenio de cooperación judicial entre Argentina y España si la intención de recoger los testimonios continúa.
Imputaciones de altura
Tampoco hay que olvidar que tras las declaraciones, la magistrada debe decidir sobre la imputación o no de las personas que los testigos apuntan según los casos como responsables de los crímenes de lesa humanidad que denuncian. Entre ellos figuran los ex ministros franquistas Martín Villa, Fernando Suarez González y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón), los policías de la brigada social Juan Antonio González Pacheco, (Billy el Niño), el guardia civil Jesús Muñeca Aguilar famoso por su intervención en el golpe de estado del 23-F o el juez del Tribunal de Orden Público Rafael Gómez Chaparro.
Apoyo de grupos parlamentarios vascos
La última novedad en este proceso es el acuerdo entre varios grupos parlamentarios vascos (PNV, EH, Bildu y PSE) que suman 64 de los 75 escaños del Parlamento vasco y que han expresado su compromiso “para garantizar el derecho a la verdad y a la reparación de las personas represaliadas por el régimen franquista”. En este sentido, han redactado una proposición que será presentada con carácter de urgencia a mediados de junio. Para Slepoy “que una delegación del Parlamento vasco viaje a Argentina, como han anunciado, para expresar su apoyo a la querella, supone algo esencial, al igual que el hecho de que lo hagan también otros ayuntamientos y parlamentos ya que indica el deseo de la sociedad española de que estos crímenes sean investigados”.
