El líder del PP, Mariano Rajoy, junto al expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar



El expresidente de la Diputación provincial, el popular José Luis Baltar Pumar, fue retratado a menudo durante su gestión como un cacique que hacía y deshacía a su antojo en la provincia. De hecho cuando las sombras judiciales empezaban a cercarle no tuvo inconveniente en dejar su puesto directamente a su 'heredero' político, su propio hijo. Pero ya no se trata de informaciones de la prensa o denuncias de la oposición, los tribunales van a juzgar al popular por un delito de prevaricación por contratar a aquellas personas que "le vinieron en gana".

Saltándose "a sabiendas" la convocatoria pública necesaria
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha abierto un prodedimiento de juicio oral contra Baltar al entender que este prescindió "a sabiendas" de la normativa vigente en la contratación de 104 trabajadores temporales entre el 15 de enero de 2010 y el 17 de marzo de ese año. "Tales procesos debían haberse realizado a través de una convocatoria pública, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos de la Corporación", recoge el auto. Añade que Baltar Pumar se limitó a contratar a aquellas personas que "le vinieron en gana", atentando "contra el recto funcionamiento de la función pública" y prescindiendo de la fiscalización previa de la intervención y de la publicación.

Contratos sin "informe de necesidad"
El juez sostiene, además, que "algunos de los contratos celebrados carecían del necesario informe de necesidad". Especifica que la obligación de Baltar era formalizar contratos con personas que reuniesen las condiciones necesarias para desempeñar los puestos de trabajo ofertados y que tendrían que haber sido públicos. El juez incide en que Baltar "tenía perfecto conocimiento de que en las contrataciones que estaba formalizando se prescindía por completo de los trámites procedimentales" e incluye una parte de la declaración del político en la que afirmó que su función se limitaba "a firmar el decreto" sin verificar que se hubiera respetado lo exigido por la ley.

Desde la diputación no avalaron la versión de Baltar
El magistrado apunta que esa versión se contradice con las declaraciones del secretario general de la Diputación y del jefe de personal, que en la instrucción aseguraron que Baltar "era perfecto conocedor de que en las contrataciones se estaba prescindiendo del requisito de la publicidad". El PSdeG denunció más de un centenar de contratos firmados en enero de 2010 y esta demanda derivó posteriormente en una querella del fiscal Florentino Delgado, admitida a trámite el pasado enero por el juzgado número uno, que a través del mencionado auto pide ahora la apertura del procedimiento para el juicio oral a Baltar Pumar, que cuando saltó el escándalo abandonó su cargo dejándolo en manos de su hijo y pidió la baja del PP.