Piden su inhabilitación
Pero esa notoriedad también le está causando problemas, y es que con sus denuncias ha incomodado a muchas de las personas del círculo del exalcalde de Bodadilla, Arturo González Panero, imputado por la Gürtel. De hecho, el pasado viernes Galindo tuvo que presentar un recurso de reforma contra su imputación por un presunto delito de calumnia con publicidad presentada por el conde de Bañares, Enrique Rúspoli. Los hechos se remontan a una información de julio de 2009 del diario El Mundo, el artículo El Palacio de la SGAE: La historia de un amaño multimillonario.
El origen: la denuncia de un "presunto fraude procesal"
Aquella noticia daba cuenta de un presunto fraude del Ayuntamiento de Boadilla, entonces todavía dirigido por el popular González Panero, por el cual Rúspoli pudo evitar cumplir la sentencia del TSJM que le obligaba a devolver aproximadamente seis millones de euros por la anulación del convenio urbanístico con el Consistorio por el que cedía su Palacio del Infante don Luis. Por el acuerdo inicial Rúspoli recibió del Ayuntamiento parcelas para construir viviendas de lujo y 1,2 millones de euros, pero los tribunales tumbaron ese convenio, aunque el antiguo dueño del palacio ya había vendido los terrenos percibidos a la empresa Valleduero S.A.. Para no cumplir la sentencia, el conde alegó que no había sido informado a tiempo por parte del Ayuntamiento de aquella sentencia. Un proceso que está revisando el Tribunal Supremo. Uno de los abogados del conde lo es también de la mujer de Correa y de Sergio Gamón, el líder de los presuntos espías de la Comunidad de Madrid denunciados por el popular Cobo.
Documentos que acreditan la mentira
La información de El Mundo apuntaba a una presunta connivencia de González Panero con los argumentos del conde para no cumplir la sentencia y sin embargo existían documentos en poder del Ayuntamiento remitidos por el conde, que acreditaban que el señor Rúspoli tuvo conocimiento de la sentencia y negoció con el ayuntamiento un nuevo convenio, hechos que de no haberse ocultado al Tribunal Superior de Madrid, hubieran impedido la anulación de la sentencia
El fraude procesal no es delito
En base a estos documentos públicos que fueron facilitados a Galindo por el nuevo alcalde de Boadilla, el ya dimitido Juan Siguero, el concejal de APB manifestó al periodista de El Mundo que esa ocultación de documentos, que acreditaban hechos totalmente contrarios a los alegados por el conde en el propio TSJM, eran constitutivos de un "presunto fraude procesal". De hecho, el Código Penal no tipifica como delito conductas constitutivas de fraude procesal.
Recurso de impugnación por parte de Galindo
El recurso de impugnación de la defensa de Galindo, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, alega contra la imputación por el presunto delito de calumnia que, en su declaración a El Mundo que dio objeto a la querella, el abogado no imputó ningún delito al conde. Así, cuando el periodista, como ha reconocido en el juicio, habló de un "presunto fraude" que "puede acarrear hasta 6 años de prisión según el artículo 250 del Código Penal", la parte que habla de delito y condena corresponden a las fuentes jurídicas del periodista, y no al propio Galindo. Para que se produzca calumnia tiene que producirse la imputación de un delito, y en este caso no se produjo. La defensa del letrado insiste en que se limitó a hablar de un "presunto fraude procesal".
"Rúspoli mintió al TSJM"
Las alegaciones de la defensa de Galindo también apuntan que éste no habló de connivencia entre González-Panero y Rúspoli. Otro punto subraya que es el conde quien tiene que demostrar que las imputacione que se le hacían en la información de El Mundo son falsas, y es que como insiste la defensa, hasta el Letrado Consistorial reconoce por escrito que Rúspoli se reunió varias veces en el Ayuntamiento y fue informado de todo, y hasta se le entregó la sentencia, lo que acredita que mintió al TSJM consiguiendo así anular una sentencia judicial firme.
"Puntualmente informado"
Así,y siempre según el recurso, se habrían producido "numerosas reuniones" entre el Ayuntamiento y el dueño del Palacio en las que fue "puntualmente informado" del proceso judicial de que dijo no haberse enterado, "incluyendo la entrega de copia de la sentencia y demás resoluciones tendentes a su ejecución". Por último, la parte imputada apela al amparo por el ejercicio de las libertades de expresión e información.
Calvario judicial de los denunciantes de la Gürtel
Galindo afronta así ahora un proceso que puede acabar con su inhabilitación. Hasta ahora, los principales nombres que han participado directa o indirectamente en las denuncias de la Gürtel han tenido que vivir a su vez un calvario judicial a partir de entonces. Le ocurrió al juez Baltasar Garzón, a José Tomás, el sastre de los trajes de Camps, y al socialista valenciano Ángel Luna, y ahora lo está viviendo Galindo, el abogado de Peñas.
