Es conocido que el impacto mediático y político de la investigación judicial que se cierne sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha trascendido con creces. Y es que distintos periodistas y usuarios en redes sociales se han referido al investigado como “defraudador confeso”, motivo por el que éste ha interpuesto sendas querellas con los protagonistas. Sin embargo, ahora, en boca de un jurista, se confirma que no hay pena o condena alguna que se pueda atribuir al uso de estas palabras.

En declaraciones a La Hora de La 1, el magistrado Joaquim Bosch ha explicado ante Silvia Intxaurrondo que ésta terminología puede utilizarse popularmente para referirse a un caso judicial que ya está en boca de todos. Para situar en contexto, la periodista de TVE ha vuelto a recordar el correo en el que el abogado de González Amador reconoce la comisión del doble delito fiscal cometido por su cliente, séase, el fraude a la Agencia Tributaria de más de 350.000 euros y que aún se encuentra bajo instrucción judicial.

“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, ha rememorado Intxaurrondo con las palabras literales del mensaje. “Después de ese email, y aún siendo el juez de otro caso, se pronuncia sobre el caso que investiga otro colega que sigue en curso”, ha reiterado.

Sobre este punto, Bosch se ha referido al empleo de la expresión “defraudador confeso”, sobre la que ha asegurado que se ha generado en los últimos meses “confusión terminológica”. En voz de lo expuesto por la propia jurisprudencia al respecto, “no es lo mismo que el término sea utilizado en el ámbito público, desde la ciudadanía o el periodismo porque en esos ámbitos no se exige una precisión jurídica completa”.

De esta manera, el magistrado ha mostrado sus dudas de que las distintas y numerosas querellas interpuestas por el novio de Ayuso contra todos aquellos agentes públicos -en su mayoría, periodistas y políticos- que se han referido a él como “defraudador confeso” vayan a “prosperar”: “Con esos datos y ese correo hay elementos suficientes para expresar esa opinión”, ha añadido para secundar este argumento.

Sin embargo, Bosch ha insistido que, pese a que esta realidad puede darse en la ciudadanía de a pie o en el mundo mediático, no es igual que al jurídico. “No es exactamente igual, lo que explica la resolución del Tribunal Supremo. No basta que el abogado reconozca un delito para que alguien sea condenado, ni para que se pueda atribuir esa confesión al investigado. El señor González Amador puede comparecer perfectamente ante la jueza de instrucción y negar haber cometido esos delitos aunque su abogado lo haya dicho”, ha dejado en claro.

Ha reiterado, en estos términos, que en el proceso penal puede ser “el propio imputado el que debe reconocer o no los hechos” y, en el momento en el que se dé una sentencia condenatoria, se podrá considerar “si es un defraudador confeso” o no, insistiendo en que este escenario tan sólo se puede dar en el ámbito jurídico. “Es el imputado el que puede reconocerlo, y es su abogado quien también puede a efectos de negociar una conformidad, que es lo que estaba haciendo”.

De esta manera, el magistrado entrevistado en TVE deja en claro que, en voz de la jurisprudencia, cabe diferenciar la utilización popular y mediática de “defraudador confeso” para referirse al novio de Ayuso del mismo empleo por la parte jurídica.

Guía de querellas del novio de Ayuso a periodistas y políticos

Cabe recordar en este punto que, en los últimos meses, y radicando en el foco más mediático, González Amador ha ido impulsando su defensa a golpe de querellas contra todos aquellos que se han dirigido a su figura como un “defraudador confeso”, siguiendo lo expuesto en el correo de su letrado.

Así las cosas, el novio de Ayuso ha llegado a querellarse contra los periodistas de la Corporación Pública, Silvia Intxaurrondo y Xabier Fortes, denunciando este último “coacciones” de parte del abogado del acusado. En paralelo, fijando la vista en el plano político, González Amador ha interpuesto querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta cinco ministros -Félix Bolaños, María Jesús Montero, Diana Morant, Óscar López e Isabel Rodríguez-; también otros cargos del PSOE como Reyes Maroto, Ion Antolín o José Zaragoza. Eso en la parte de los socialistas, pero también se ha dirigido contra Más Madrid, situando sus querellas contra Manuela Bergerot y Rita Maestre. A todos ellos les reclama distintas cuantías por presuntas injurias y calumnias que hacen un montante de 400.000 euros.

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