La violencia de género parece que no es un problema de primer orden para el Gobierno del popular Carlos Mazón y de sus socios, los negacionistas de extrema derecha de Vox. Tanto es así, que han sacado el hecha y se han cargado el 30% de los funcionarios que había destinados en la Fiscalía Provincial de Valencia para luchar contra esta lacra. Un paso más en la demostración de que los populares, por mucho que digan que ni han dado ni darán un paso atrás en la lucha contra la violencia sobre la mujer, sus actos los desmienten constantemente permitiendo que desde Vox recorten los medios humanos para luchar contra el terrorismo machista.

Según ha podido comprobar ElPlural.com en persona, hasta hace poco esta Fiscalía contaba con cuatro funcionarios titulares y otros seis de refuerzo que añadió la entonces consejera del PSPV, Gabriela Bravo. Unos refuerzos que fueron solicitados al ampliarse el volumen de trabajo de los fiscales de Valencia. Sin embargo, el nuevo gobierno no ha dudado en cargarse a tres de los seis refuerzos.

Y el recorte se produce cuando a final de mes entra en funcionamiento un nuevo juzgado especializado en Valencia y, los fiscales de violencia sobre la mujer, así como los funcionarios, deberán asumir un nuevo partido judicial completo, el que se refiere a toda la zona de Mislata y Quart de Poblet, que se unirá al trabajo que ya asumen: Sueca, Picassent, Moncada y los juzgados mixtos de pueblos como Lliria, Sagunto, Massamagrell o Requena, así como los casos de vigilancia penitenciaria de una de las cárceles más saturadas de España, la de Picassent. Mucho más trabajo para menos funcionarios, un tijeretazo en toda regla que ha puesto en pie de guerra a estos trabajadores.

Sin funcionarios pero creando cargos políticos

Según las fuentes de la Ciudad de la Justicia de Valencia consultadas por este periódico, el recorte de funcionarios “lo pagarán las víctimas”, ya que por mucho que los que quedan trabajen, el volumen de trabajo con el nuevo juzgado y otro partido judicial que gestionar es “inasumible” para los trabajadores que hay actualmente. Los retrasos están a la vuelta de la esquina ya que “son los que son y no pueden hacer más”.

Fuentes del anterior Gobierno, el del Botanic, consultadas por este periódico explican que “mientras recortan funcionarios crean puestos políticos”, en referencia a la creación del cargo de secretario autonómico de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, un puesto nuevo dentro de la Conselleria de Justicia dirigida por la dirigente de extrema derecha Elisa Núñez, tal y como ha adelantado Valencia Plaza. En cuanto al cargo, las fuentes explican que "se ha creado como recompensa personal", ya que el agraciado con el puesto es Javier Bazán, el que ni más ni menos que era hasta ahora el jefe de gabinete de la consellera de Justicia. ¿Casualidad? Para la oposición "no lo es".

En cuanto a los recortes, aunque los de la lucha contra la violencia de género son sangrantes no son, ni muchísimo menos, los únicos, ya que el plan de refuerzo ha recibido un hachazo económico brutal en los últimos presupuestos. Las fuentes aseveran que, para mantener estos planes “toca pelear con Hacienda y poder tener el plan financiado. Como se ha recortado el capítulo 1, el de personal, pues no hay dinero y están cayendo los planes de refuerzo que el Gobierno de Puig implantó. Esto al final es un problema de Gobierno entre el PP y Vox, porque esto se negocia. La situación de los juzgados de Castellón es lamentable”. Y preguntados por los funcionarios especializados en violencia de género, las fuentes aseguran que “la consellera no tiene ningún tipo de interés en luchar contra la violencia machista y quiere que fracasen”.