El Supremo mantiene en prisión a Santos Cerdán y rechaza su excarcelación

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición de excarcelación de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, al considerar que su implicación en la presunta trama de corrupción lo sitúa en un nivel superior al del resto de investigados. En una resolución a la que ha tenido acceso 'El Confidencial', el juez sostiene que el socialista podría “alterar pruebas relevantes” si quedara en libertad.

Puente argumenta que, “debido a la posición funcional que ocuparía en la organización, puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales —que pudieran ser alterados—, que aquellos, tal vez, ignoren”. El magistrado subraya además que “las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas, pero también lo son las situaciones de unos y otro”, en referencia a la libertad de José Luis Ábalos y Koldo García, con quienes se había comparado la defensa de Cerdán.

El juez recuerda en su auto anterior, fechado el pasado 3 de octubre, que los indicios apuntan a que Cerdán “negociaba con los pagadores y recibía después los cobros”, siendo además quien “los distribuía entre sus colaboradores”. Esa posición de liderazgo justificaría, según el magistrado, mantener la prisión provisional.

“Se trataría, por tanto, del investigado que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes”, concluye el texto judicial.

Sin agravio con Ábalos y Koldo García

La defensa del ex número tres del PSOE había solicitado su puesta en libertad alegando un supuesto “agravio comparativo” con respecto a Ábalos y Koldo García, que se encuentran en libertad tras sus últimas declaraciones. Sin embargo, el juez rechaza ese argumento al considerar que las responsabilidades atribuidas a Cerdán son “sustancialmente distintas” y que su conocimiento de los hechos lo convierte en una pieza clave de la investigación.

El auto, de nuevo, mantiene la prisión preventiva de Santos Cerdán, a la espera de que avance la instrucción del caso, que continúa bajo secreto sumarial en el Tribunal Supremo.

El Caso Koldo, el origen de la trama

El conocido como caso Koldo estalló tras las investigaciones sobre la gestión de contratos públicos durante la pandemia, cuando el empresario Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, fue acusado de cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares de material sanitario. Según los informes de la UCO, García habría actuado como intermediario entre empresarios y responsables políticos, abriendo una red de favores y pagos ilícitos que, según el juez, no se entendería sin la participación de Santos Cerdán.

Desde sus orígenes en la política navarra, Koldo García fue escalando posiciones hasta convertirse en un colaborador de máxima confianza del entonces ministro Ábalos. En ese recorrido, la figura de Cerdán aparece de forma recurrente: ambos compartieron estructura territorial en el PSOE navarro y una relación política que, según diversas fuentes judiciales, habría facilitado el acceso de García a los círculos de poder en Madrid. Para los investigadores, García habría sido el ejecutor operativo, mientras que Cerdán ejercía una función de control y dirección en la trama.

La UCO atribuye a García la recopilación de documentación y grabaciones que ahora se consideran pruebas clave. En varias de ellas —según publicó Okdiario— se escucha a Cerdán “hablando de amañar contratos públicos y percibir comisiones”. Este tipo de evidencias, junto con los registros de transferencias y mensajes de WhatsApp intervenidos, sustentan la tesis de que el ex dirigente socialista no era un mero intermediario, sino quien “gestionaba los cobros y los distribuía entre sus colaboradores”, tal como recogió el auto del 3 de octubre.

Por su parte, Santos Cerdán ha negado cualquier implicación directa y ha tratado de desvincularse de su antiguo compañero. En su declaración ante la comisión parlamentaria, afirmó no haber tenido “ninguna relación empresarial” con García ni haber intervenido en sus contratos. Sin embargo, los investigadores mantienen que su papel en la jerarquía del partido y su presunto conocimiento del circuito de pagos lo sitúan “un escalón por encima” de otros implicados, motivo por el cual el Supremo sigue considerando imprescindible su reclusión preventiva mientras avanza la causa.