El expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha comparecido este viernes en los juzgados de Las Salesas, en Santander, en un acto de conciliación con el rey emérito Juan Carlos I, quien le reclama 50.000 euros por supuestas manifestaciones injuriosas realizadas en varios programas de televisión. Revilla ha acudido acompañado por su abogado, el penalista catalán José María Fuster-Fabra, en un procedimiento que ha despertado una gran expectación mediática y que ha requerido refuerzo policial en el entorno del complejo judicial.
Miguel Ángel Revilla ha acudido este viernes al juzgado de Las Salesas en Santander para el acto de conciliación con el rey emérito, en el marco de la demanda que el exjefe del Estado impulsa contra él. A su llegada, el expresidente cántabro se ha mostrado sereno y ha atendido a los numerosos medios de comunicación apostados en el lugar. “Estoy tranquilo. No he robado nada, soy un ciudadano que cumple con sus obligaciones”, ha afirmado ante las cámaras, mientras recibía el apoyo espontáneo de una ciudadana que le gritó: “Estamos con usted”.
Fiel a su estilo directo, Revilla ha dejado claro que no piensa retractarse y ha anticipado que este proceso probablemente terminará en los tribunales. “Estoy convencido de que esto acabará en juicio”, ha asegurado, lanzando un mensaje directo a Juan Carlos I, que ha evitado acudir al acto: “Espero que tenga el valor de presentarse si esto va a juicio”.
El líder del PRC no ha escatimado críticas hacia el emérito, a quien reprocha su conducta durante los últimos años de su reinado. “Me ha defraudado profundamente. Yo fui defensor del rey, pero lo que hemos sabido es terrible”, ha lamentado, exigiendo una reparación pública por parte del monarca: “Tiene que pedir perdón de verdad y devolver todo el dinero que se llevó fuera de España”. Revilla ha cerrado su intervención con un mensaje que resume su postura: “No me callo ante las injusticias”. Tras ello, ha accedido a los juzgados para participar en la sesión que podría ser la antesala de un enfrentamiento judicial de mayor calado.
El emérito, en Sanxenxo
La cita, fijada por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, ha comenzado a las 10:00 horas en la sala de vistas número 9. Minutos antes, accedían al edificio judicial la abogada del emérito, Guadalupe Sánchez - también conocida por representar al entorno más cercano de Isabel Díaz Ayuso, incluida su pareja Alberto González Amador -, así como el procurador del demandante. Como era previsible, Juan Carlos I no ha estado presente, pese a encontrarse desde hace días en España para asistir este fin de semana a las regatas de Sanxenxo, a bordo del emblemático velero Bribón.
El acto de conciliación, enmarcado en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, busca un posible acuerdo entre ambas partes antes de que la demanda avance por la vía judicial ordinaria. En este procedimiento, el demandante —en este caso, el emérito— expone su reclamación, mientras que la parte demandada tiene la oportunidad de responder y presentar sus argumentos. La representación legal del exmonarca exige una compensación económica de 50.000 euros por unas declaraciones que considera “injuriosas”, emitidas por Revilla entre mayo de 2022 y enero de 2025. De llegarse a un acuerdo, el dinero se destinaría a Cáritas, según ha hecho saber la parte demandante.
Revilla, que también es diputado en el Parlamento cántabro, cuenta con el respaldo legal de Fuster-Fabra, un abogado vinculado al regionalismo cántabro, con trayectoria en causas complejas, especialmente en el ámbito del terrorismo. El letrado tiene previsto presentar las alegaciones que considere oportunas para defender al expresidente autonómico, muy conocido por sus intervenciones mediáticas y por su estilo directo y crítico, también con la monarquía.
En caso de no alcanzarse un acuerdo durante la sesión, se dejará constancia de que la conciliación ha sido intentada sin éxito, lo que abriría la puerta a un proceso judicial posterior. Si, por el contrario, se logra algún tipo de entendimiento, se firmará un acta con los términos del acuerdo, con la rúbrica de los asistentes. Sea cual sea el resultado, será la letrada de la Administración de Justicia quien emita un decreto final con la conclusión del acto.
